El Ministerio de Seguridad retiró en los últimos dos años armas de fuego a 14 personas que integran las fuerzas nacionales y que fueron denunciadas por ejercer violencia de género, política que se suma a la capacitación en asistencia a víctimas.
La decisión ministerial, que incluye a Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Aeroportuaria, cobró relevancia ante el femicidio ocurrido ayer en Misiones, en la puerta de la comisaria de la Mujer de Puerto Iguazú, cuando Mariela García fue a denunciar el maltrato de su marido policía, Mario Muga.
El Ministerio, junto al Consejo Nacional de las Mujeres, distribuirá una guía de recursos para autoprotección de las víctimas en lugares estratégicos, y en las próximas semanas se abrirá un centro de atención en violencia a cargo de un equipo interdisciplinario, en la villa 15, en Villa Lugano.
"El Estado no puede facilitar desenlaces fatales ante situaciones de violencia intrafamiliar", afirmó a Télam Natalia Federman, directora nacional de Derechos Humanos de esa cartera.
La funcionaria confirmó además que tomaron "intervención en 10 situaciones de violencia económica", es decir, cuando un miembro de alguna de las fuerzas no cumplió con la cuota alimentaria fijada por la justicia.
Para Federman "no hay elementos para considerar que los hombres que pertenecen a fuerzas de seguridad sean más violentos que otros que no lo son".
En relación al retiro del arma, la medida incluye "informar al Registro Nacional de Armas (Renar) ante la posibilidad de que esa persona tenga permiso para portar un arma que no sea la reglamentaria, y el organismo decide si se la quita o no".
Federman explicó que "devolvemos el arma una vez que la justicia decide sobre la situación y, durante el proceso, se invita a ese hombre a concurrir a tratamientos en hospitales públicos, en un ámbito externo a su fuerza, donde es evaluado por una junta médica".
Si tanto la víctima como el agresor son parte de la misma fuerza "se reformulan las condiciones y lugares de destino para que la mujer trabaje tranquila y el hombre no viole la orden de restricción judicial".
Sumado a esta medida, este año se capacitó "a 3.000 efectivos de Prefectura y Gendarmería, específicamente a quienes están cumpliendo tareas en el cinturón sur de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana".
La capacitación se realizó porque "era la primera vez que debían tratar directamente con personas que pasaban por esta situación, por lo que, junto a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema y al Programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia, les brindamos herramientas para que se garantice el acceso a la justicia de las víctimas".
También les brindaron recursos para que identifiquen situaciones de peligro, y lugares de derivación "lo que significó una muy buena experiencia, ya que mostraron muchísimo interés y les resultó novedoso la incorporación del enfoque de género".
La funcionaria recordó que "en todas las sedes de la Policía Federal hay una sala específica para entrevistar a personas que denuncian violencia" y adelantó que "en las próximas semanas presentaremos un manual destinado al personal policial con pautas sobre cómo deben intervenir en estas situaciones".
Anticipó que, junto a la OVD, inaugurarán una oficina de atención en violencia en Santander y avenida Argentina, en la villa 15 porteña que estará a cargo "de un equipo interdisciplinario de la Federal, integrado por abogados, psicólogos y asistentes sociales".
No existen aún estadísticas que incluyan a las policías provinciales en un relevamiento que cruce datos de violencia de género y pertenencia del agresor a una fuerza.
Según el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, durante 2011 hubo 12 femicidios perpetrados por varones de fuerzas de seguridad, y en el primer semestre de este año, la cifra llegó a cinco, incrementada ahora por el asesinato en Misiones de Mariela Sandra García.
