Unas 20 familias que fueron desalojadas ayer por la Policía Metropolitana de un edificio acampaban esta mañana en la vereda del inmueble a la espera de una solución a su problema habitacional.
Las familias pasaron la noche en la vereda del edificio ubicado en la calle Almirante Brown 1287, a la "espera de una respuesta y solución por parte del Gobierno de la Ciudad a este gran problema que tenemos", dijo a Télam Juan Carlos, uno de los vecinos afectados.
El hombre destacó que "quedaron casi cien personas en situación de calle, entre ellos muchos niños y mujeres embarazadas y parece que acá a nadie le importa".
El desalojo se produjo ayer cerca de las 9 en forma violenta por personal de la Policía Metropolitana que arrojó gases lacrimógenos y derribaron la puerta de entrada, según relataron los vecinos.
Por el violento accionar de la Metropolitana, un niño resultó con principio de asfixia y debió ser hospitalizado, y una mujer embarazada resultó con heridas leves.
El inmueble se encuentra totalmente desalojado y con custodia policial permanente, en tanto, Juan Carlos denunció que "aún quedan pertenencias de los habitantes dentro".
"Tengo cosas mías adentro y me contestaron que para recuperarlas tengo que ir a reclamar a la fiscalía", señaló.
Asimismo, el vecino explicó que "no sólo desalojaron de manera violenta sino que no recibimos ningún aviso de desalojo. Ni siquiera nos avisaron como para poder sacar a los chicos y evitar que pasen por este mal momento".
Los vecinos continuarán con el acampe ya que "no tenemos a donde ir, estamos en situación de calle. Por eso, continuaremos con la medida hasta que alguien del gobierno de la Ciudad se acerque a darnos una solución".
A pesar de los testimonios de los vecinos, la policía Metropolitana aseguró que el operativo "fue llevado a cabo sin incidentes, conjuntamente con la colaboración del programa Buenos Aires Presente (BAP), Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias de la ciudad y el Sistema de Emergencias Medicas (SAME)".
Además, indicaron que las familias "estaban en condiciones deficientes de higiene y salubridad, por lo que serán temporalmente reubicadas en paradores" y que, a su vez, "recibirán un subsidio de aproximadamente 1.200 pesos por persona".
Juan Carlos desmintió estas versiones, al señalar que "acá no vino nadie, ni siquiera al ver que hay chicos involucrados. Con esta situación perdemos días de trabajo y los chicos días de clase pero parece que a muchos funcionarios esto les pasa inadvertido".
Las familias agradecieron la solidaridad y colaboración tanto de las organizaciones sociales como de los vecinos de la Boca que les acercaron alimentos y abrigo, y pidieron que el que pueda "ayudarnos con algo se acerque, porque no tenemos nada".
El desalojo se cumplió por orden del fiscal Walter López, del Equipo Fiscal B de la Unidad Sudeste, y juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 19, a cargo de Carlos Aostri, por "usurpación y restitución de inmueble".
