El gobierno español propuso hoy limitar el derecho de manifestación en un nuevo intento de criminalización del conflicto social. La decisión llega en plena escalada de las protestas contra el ajuste neoliberal.
La encargada de hacer conocer la iniciativa fue la delegada del Gobierno central en Madrid, Cristina Cifuentes, quien aseguró que la ley actual es "muy permisiva y amplia con el derecho de reunión y manifestación".
Estas afirmaciones se suman a la presentación de una reforma del Código Penal que endurece las penas para determinadas acciones en el marco de manifestaciones, que realizó el pasado 14 de septiembre el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP).
En la misma línea discursiva, Cifuentes defendió hoy la idea de "modular" la norma para "racionalizar el uso del espacio público".
“No puede ser que en Madrid coincidan diez manifestaciones a la vez en el centro. Los comerciantes están desesperados", argumentó la delegada, tras detallar que este año ya se llevaron a cabo 2.200 manifestaciones en la capital.
Las centrales obreras mayoritarias y cientos de organizaciones sociales volverán a manifestarse el 7 de octubre, mientras se estudia la convocatoria de una nueva huelga general en España antes de Navidad y el movimiento de los indignados lanzó una propuesta global para el 13 de octubre (13-O).
La dirigente del PP recibió fuertes críticas en los últimos días tras intentar instalar la idea de que las protestas contra el ajuste son “golpistas”, al sostener que grupos “neonazis” participan del movimiento social que convocó la protesta “25-S. Rodea el Congreso”.
"El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas", insistió hoy en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE).
No obstante, Cifuentes plantea la restricción del derecho de manifestación como una cuestión de orden público: “El derecho a manifestarse debe compatibilizarse con el derecho a circular”, para que “no haya incidentes”, sostuvo.
Si bien reconoce que el derecho de manifestación es “constitucional” y “no necesita autorización previa”, señala que la ley es de 1983 y, por lo tanto, “tiene muchos años".
Asimismo, la delegada del Gobierno volvió a defender la represión de la protesta del 25-S (25 de septiembre), que se saldó con 64 heridos y 35 detenidos: “llamaban a ocupar el Congreso y la policía preservó el Estado de Derecho", dijo. “En foros de Internet se llamaba a cometer actos violentos", añadió.
La convocatoria “25-S. Ocupa el Congreso” –luego “Rodea el Congreso”- fue impulsada desde las redes sociales por un grupo integrado en el movimiento de los indignados, que llamó a los ciudadanos de toda España a rodear el Parlamento de Madrid en forma indefinida hasta conseguir la dimisión del gobierno.
Antes de que se llevara a cabo la protesta, ocho activistas que promovieron la acción fueron imputados por un delito contra “altos organismos de la Nación”, penado con hasta un año de prisión, en los casos en que se promuevan o dirijan acciones para impedir el “normal funcionamiento de las instituciones”.
Además, los manifestantes detenidos el 25 de septiembre durante la represión policial que tuvo lugar en la Plaza Neptuno, también podrían afrontan los mismos cargos después de que ayer un juez de Madrid rechazó procesarlos y los envió a la Audiencia Nacional, que previamente había desestimado juzgarlos.
Los convocantes de la protesta y la oposición de izquierda denunciaron que se produjo un abuso policial y pidieron que se investigara la presencia de policías de civil entre los manifestantes, que lanzaron objetos a los agentes antidisturbios y desencadenaron la represión, algo que se pudo ver claramente en fotos y videos que circulan en Internet.
