El fiscal federal Federico Delgado dictaminó que debe impulsarse una investigación por el secuestro del titular de una productora televisiva durante la última dictadura cívico-militar atribuido a la decisión de no pagarle una millonaria deuda que reclamaba al interventor del Canal 13, bajo la órbita de la Marina.
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Delgado pidió al juez federal Sergio Torres que abra la causa en base a la denuncia de Reynaldo Defranco Fantín, ejecutivo de la ex editorial Abril, secuestrado en julio de 1980 luego de haber reclamado una deuda de 3.400.000 dólares al interventor de la Armada en el canal, el entonces capitán de navío Roberto Martínez Chirstian.
Ese dinero, según la denuncia del empresario, había sido entregado como pago por la compra de 360.000 segundos de publicidad para dos productos de la empresa, “Tía Vicenta” y “El libro gordo de Petete”.
Pero la publicidad nunca se emitió y según la denuncia se habría usado el dinero “para arreglar una situación financiera comprometida y cambiar el equipamiento blanco negro por el de color” de canal 13.
Defranco Fantín detalló que incluso fue a un almuerzo el 10 de julio de 1980 “con la plana mayor del Comando en jefe de la Armada” para hablar de la deuda y poco después fue secuestrado junto a varios de sus empleados, como Elida Mayol, Jorge Luis Naput, José María Blanco, entre otros.
El empresario fue blanqueado y estuvo preso tres años por supuesta “subversión económica”, período durante el cual fueron intervenidas 14 empresas de su grupo y según Delgado, “vaciadas”.
“El Banco Central decretó tres quiebras del grupo DF y nombró a los síndicos que terminaron de vaciarlas”, destacó Delgado y entendió que la responsabilidad de lo ocurrido fue de “las autoridades del comando en jefe de la Armada y del interventor de Canal 13” además del juez que llevó el caso de las detenciones, Eduardo Marquardt, y su entonces secretario Daniel Saint Jean.
