En una nueva embestida judicial, el grupo Clarín denunció penalmente por "incitación a la violencia y coacción agravada" a periodistas, agrupaciones y funcionarios, a dos semanas de la llegada del "7D".
La acción penal fue interpuesta por los abogados del Grupo el jueves pasado, y a través de un escrito de 35 páginas acusa por el supuesto delito de incitar "a la violencia colectiva" contra sus directivos a funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, a quien describen como el "recientemente nombrado para la ejecución de la Ley de Medios".
También, y en base a recortes tergiversados de declaraciones, en la cruzada de Clarín contra la plena aplicación de la Ley de Medios apuntó contra al jefe del bloque de legisladores porteños del FpV, Juan Cabandié, y contra el diputado nacional Edgardo Depetri, según publicó hoy el diario Tiempo Argentino.
La acusación incluye también a "los integrantes de las agrupaciones de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita".
Como si fuera poco, la embestida del grupo liderado por Héctor Magnetto abarca además al periodista Roberto Caballero, director y fundador de Tiempo Argentino, y a sus colegas Sandra Russo y Javier Vicente.
La presentación del abogado del Grupo Clarín José María Sáenz Valiente, "juntamente con sus letrados patrocinantes Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada", intenta instalar una vez más que el monopolio mediático es víctima de presiones al tener que adecuarse a lo que dicta la ley de Medios a partir del 7 de diciembre.
A Caballero, por caso, lo acusan de ser uno de los "instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio tanto del Grupo Clarín como sus directivos en particular".
En el mismo escrito, los abogados que representan al Grupo de Magnetto estiman que "los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis del Código Penal, segundo apartado, que expresa: "será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".
La intentona amenazante de Clarín contra, por ejemplo Caballero, se fundamente en un textual extraído de su participación en el programa 6,7,8 de la Televisión Pública del 4 de octubre último en relación a la protesta de Prefectos y Gendarmes que, según adujeron los voceros de los uniformados, se originó en los graves errores que sufrieron en la liquidación de sus haberes.
En esa oportunidad, el fundador de Tiempo Argentino opinó que la protesta se enmarcaba en "un intento de desestabilización", y explicó que "forma parte de una estrategia de incendio de la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre".
La denuncia penal, que se tramita en la causa 12383/2012, recayó en el Juzgado Federal 9, a cargo del magistrado Luis Rodríguez, e incluye a la periodista de Página/12 y panelista de 6,7,8, Sandra Russo, por las mismas causas que Caballero: opinar en televisión.
Lo mismo sucede con el periodista deportivo y relator de Fútbol para Todos, Javier Vicente, a quien acusan por el "delito" de decir, en medio de un partido: "Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0 - Quilmes 0. Fútbol para todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo: Cadena con fecha de vencimiento, 7 de diciembre".
La nueva estrategia judicial de Clarín también hace eje contra el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, y en ese marco la página 30 del escrito sostiene que "resulta aun más peligrosa la actitud de gobierno y de algunos funcionarios mencionados, que insisten en la fijación de un verdadero punto de inflexión o `deadline` en este conjunto de acciones intimidantes contra la empresa y sus directivos".
Agrega que "el 7 de diciembre próximo, según ellos, es el día –tomando como referencia una decisión judicial– en el cual hay que vencer al enemigo sin ahorrar violencia para lograrlo", en referencia a la decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia.
Parágrafo siguiente, citan un textual de Sabbatella: "La AFSCA va a actuar de oficio después del 7 de diciembre", sosteniendo que el funcionario "en la misma línea trazada por el gobierno, soslaya el derecho constitucional del grupo Clarín de peticionar a las autoridades y aguardar una decisión del Poder Judicial de la Nación".
La presentación contra funcionarios y periodistas se suma a la realizada el mismo jueves 22 de noviembre por el Grupo Clarín ante la Corte Suprema de Justicia, en el que pidió que se disponga la extensión de la medida cautelar que vence el 7 de diciembre.
Según el escrito hay una situación de "indefensión" (sic) generada por "las recusaciones, excusaciones y renuncias", que deja al Grupo en esa instancia "por carecer de la posibilidad de que se conforme un tribunal competente que resuelva en tiempo útil la extensión de la medida cautelar que el 7 de diciembre próximo perderá vigencia".
