La asociación civil Incluir, que trabaja por mejorar la calidad de vida de personas discapacitadas, prepara una acción judicial para detener el anunciado propósito del Gobierno porteño de desalojarla de su sede, informó hoy su presidente, Humberto Sottile. La entidad ocupa hasta ahora una casa en Pedro Goyena 884, en el barrio de Parque Chacabuco, cedida en comodato de manera provisoria por la Ciudad de Buenos Aires en agosto del 2009; pero el 26 de marzo último, Incluir fue formalmente intimada a desalojarla. "La tenencia de uso precario está caduca", dijo hoy el director General de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Martín Barrailh Ortiz, en una entrevista con autoridades de Incluir, según relató Sottile a Télam. Los directivos de la ONG consideraron negativa la entrevista y decidieron transitar otras vías para evitar el desalojo. "Acudiremos a Alicia Pierini (Defensora del Pueblo de la Ciudad) para que inicie un amparo. De ahora en más tendremos que accionar ante la Justicia", anunció Sottile. El dirigente explicó que como el país adhirió a la Convención Internacional para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, "en caso de no poder impedir el desalojo denunciaremos internacionalmente por violar el Convenio". Sottile dijo que la organización remodeló el local, que estaba semidestruido; construyó rampas y baños para personas en sillas de ruedas, instaló diez computadoras cedidas en comodato por el Ministerio de Industria y dictó en el lugar cursos gratuitos de operación y reparación de computadoras. Además, organizó talleres y seminarios sobre salud y derechos, promovió salidas recreativas e impulsó una bolsa de trabajo, todo dirigido a personas discapacitadas. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconoció la tarea de Incluir en 2010, cuando intentó formalizar el vínculo contractual por el uso del local por 20 años a favor de la Asociación, en una ley que fue vetada por el jefe de gobierno, Mauricio Macri. En aquella ocasión, el mandatario hizo constar en el decreto de veto que el espacio ocupado debía destinarse al ensanche de la calle Del Barco Centenera.

La asociación civil Incluir, que trabaja por mejorar la calidad de vida de personas discapacitadas, prepara una acción judicial para detener el anunciado propósito del Gobierno porteño de desalojarla de su sede, informó hoy su presidente, Humberto Sottile.

La entidad ocupa hasta ahora una casa en Pedro Goyena 884, en el barrio de Parque Chacabuco, cedida en comodato de manera provisoria por la Ciudad de Buenos Aires en agosto del 2009; pero el 26 de marzo último, Incluir fue formalmente intimada a desalojarla.

"La tenencia de uso precario está caduca", dijo hoy el director General de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Martín Barrailh Ortiz, en una entrevista con autoridades de Incluir, según relató Sottile a Télam.

Los directivos de la ONG consideraron negativa la entrevista y decidieron transitar otras vías para evitar el desalojo.

"Acudiremos a Alicia Pierini (Defensora del Pueblo de la Ciudad) para que inicie un amparo. De ahora en más tendremos que accionar ante la Justicia", anunció Sottile.

El dirigente explicó que como el país adhirió a la Convención Internacional para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, "en caso de no poder impedir el desalojo denunciaremos internacionalmente por violar el Convenio".

Sottile dijo que la organización remodeló el local, que estaba semidestruido; construyó rampas y baños para personas en sillas de ruedas, instaló diez computadoras cedidas en comodato por el Ministerio de Industria y dictó en el lugar cursos gratuitos de operación y reparación de computadoras.

Además, organizó talleres y seminarios sobre salud y derechos, promovió salidas recreativas e impulsó una bolsa de trabajo, todo dirigido a personas discapacitadas.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconoció la tarea de Incluir en 2010, cuando intentó formalizar el vínculo contractual por el uso del local por 20 años a favor de la Asociación, en una ley que fue vetada por el jefe de gobierno, Mauricio Macri.

En aquella ocasión, el mandatario hizo constar en el decreto de veto que el espacio ocupado debía destinarse al ensanche de la calle Del Barco Centenera.