Los jueces Enrique Guanziroli, Juan Velázquez y Nora Cabrera de Monella declararon en la sentencia condenatoria, con voto unánime, que fue un "crimen de lesa humanidad" el fusilamiento de 19 presos políticos perpetrado en la base Almirante Zar de Trelew el 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.
Con la disidencia de la jueza Monella, el Tribunal absolvió a Rubén Paccagnini, el jefe de la base Zar en el momento de los hechos, para quien la Fiscalía y las querellas habían pedido también prisión perpetua como autor mediato de los mismos delitos.
Igual decisión con la misma disidencia favoreció a Jorge Bautista, el juez militar ad hoc que hizo el sumario desde el día de la masacre y para quien los acusadores habían solicitado dos años de cárcel efectiva, como encubridor.
La Fiscalía y las querellas de familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación celebraron el fallo pero anticiparon que apelarán las absoluciones y la decisión de que los tres condenados sigan en libertad hasta que el mismo quede firme, a la que opuso su voto una vez más la magistrada.
En el mismo sentido se manifestaron funcionarios gubernamentales, familiares de los fusilados y todo el público que colmó la sala del centro cultural "José Hernández" de Rawson, incluida la gente que siguió desde la calle la lectura de las condenas.
"Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar", coreó el público dentro y fuera de la sala donde se desarrolló el juicio desde mayo de este año, tras conocer las condenas.
Con acuerdo de las partes, el Tribunal sólo leyó en esta última audiencia el tramo dispositivo de la sentencia, aunque no las 270 páginas de fundamentos.
Los jueces resolvieron además que se insista en el pedido de extradición del represor del represor Roberto Bravo, negada en el 2008 por la justicia de Estados Unidos, país donde reside, y la realización de exámenes médicos al almirante (RE) Horacio Mayorga, ambos implicados en la causa judicial por la Masacre de Trelew.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, que presenció la lectura de la parte dispositiva del fallo, valoró su importancia y celebró "que se haya realizado este juicio y que haya concluido de esta forma".
"Estamos absolutamente convencidos de que este es el camino en el cual todos los argentinos nos vamos a sentir incluidos y protegidos", dijo Fresneda a Télam y subrayó el papel de la política de derechos humanos impulsada por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
También confió en que "estas sentencias sean herramientas pedagógicas del futuro para formar a nuestras fuerzas armadas y decirle a los argentinos que hoy, esta patria, esta Presidenta, este estado de derecho, va a seguir adelante, juzgando y llevando adelante todo este proceso de memoria, verdad y justicia".
Germán Kexel, querellante en este juicio por la Secretaría de Derechos Humanos, celebró las condenas y anticipó la apelación de las absoluciones y "la forma de ejecución de la pena", con los tres condenados en libertad hasta que el fallo esté firme.
"Vamos a leer los fundamentos (del fallo) pero es jurídicamente difícil de explicar la absolución del jefe de la base (Paccagnini) y también el encubrimiento de Bautista", subrayó en particular y añadió que los condenados deberían cumplir la prisión perpetua sin demora "en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal".
En la misma línea, Eduardo Hualpa, de la querella de familiares, expresó que "las absoluciones dejan un sabor amargo" pero destacó "el reconocimiento (en el fallo) de que estos hechos son crímenes de lesa humanidad" y el juzgamiento a los represores "con todas las garantías que ellos no les dieron a los que fusilaron".
En términos similares se expresaron los fiscales Fernando Arranz y Fernando Gelvez, quienes valoraron el reconocimiento de la lesa humanidad y las tres condenas a prisión perpetua pero anticiparon que apelarán las absoluciones, en especial la de Paccagnini.
