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La Justicia condenó a prisión perpetua a tres acusados de la denominada Masacre de Trelew

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como "coautores responsables del homicidio con alevosía" de 16 presos políticos y tres tentativas, en el juicio por la Masacre de Trelew.


Los jueces Enrique Guanziroli, Juan Velázquez y Nora Cabrera de Monella declararon en la sentencia condenatoria, con voto unánime, que fue un "crimen de lesa humanidad" el fusilamiento de 19 presos políticos perpetrado en la base Almirante Zar de Trelew el 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.
Con la disidencia de la jueza Monella, el Tribunal absolvió a Rubén Paccagnini, el jefe de la base Zar en el momento de los hechos, para quien la Fiscalía y las querellas habían pedido también prisión perpetua como autor mediato de los mismos delitos.
Igual decisión con la misma disidencia favoreció a Jorge Bautista, el juez militar ad hoc que hizo el sumario desde el día de la masacre y para quien los acusadores habían solicitado dos años de cárcel efectiva, como encubridor.
La Fiscalía y las querellas de familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación celebraron el fallo pero anticiparon que apelarán las absoluciones y la decisión de que los tres condenados sigan en libertad hasta que el mismo quede firme, a la que opuso su voto una vez más la magistrada.
En el mismo sentido se manifestaron funcionarios gubernamentales, familiares de los fusilados y todo el público que colmó la sala del centro cultural "José Hernández" de Rawson, incluida la gente que siguió desde la calle la lectura de las condenas.
"Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar", coreó el público dentro y fuera de la sala donde se desarrolló el juicio desde mayo de este año, tras conocer las condenas.
Con acuerdo de las partes, el Tribunal sólo leyó en esta última audiencia el tramo dispositivo de la sentencia, aunque no las 270 páginas de fundamentos.
Los jueces resolvieron además que se insista en el pedido de extradición del represor del represor Roberto Bravo, negada en el 2008 por la justicia de Estados Unidos, país donde reside, y la realización de exámenes médicos al almirante (RE) Horacio Mayorga, ambos implicados en la causa judicial por la Masacre de Trelew.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, que presenció la lectura de la parte dispositiva del fallo, valoró su importancia y celebró "que se haya realizado este juicio y que haya concluido de esta forma".
"Estamos absolutamente convencidos de que este es el camino en el cual todos los argentinos nos vamos a sentir incluidos y protegidos", dijo Fresneda a Télam y subrayó el papel de la política de derechos humanos impulsada por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
También confió en que "estas sentencias sean herramientas pedagógicas del futuro para formar a nuestras fuerzas armadas y decirle a los argentinos que hoy, esta patria, esta Presidenta, este estado de derecho, va a seguir adelante, juzgando y llevando adelante todo este proceso de memoria, verdad y justicia".
Germán Kexel, querellante en este juicio por la Secretaría de Derechos Humanos, celebró las condenas y anticipó la apelación de las absoluciones y "la forma de ejecución de la pena", con los tres condenados en libertad hasta que el fallo esté firme.
"Vamos a leer los fundamentos (del fallo) pero es jurídicamente difícil de explicar la absolución del jefe de la base (Paccagnini) y también el encubrimiento de Bautista", subrayó en particular y añadió que los condenados deberían cumplir la prisión perpetua sin demora "en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal".
En la misma línea, Eduardo Hualpa, de la querella de familiares, expresó que "las absoluciones dejan un sabor amargo" pero destacó "el reconocimiento (en el fallo) de que estos hechos son crímenes de lesa humanidad" y el juzgamiento a los represores "con todas las garantías que ellos no les dieron a los que fusilaron".
En términos similares se expresaron los fiscales Fernando Arranz y Fernando Gelvez, quienes valoraron el reconocimiento de la lesa humanidad y las tres condenas a prisión perpetua pero anticiparon que apelarán las absoluciones, en especial la de Paccagnini.

La Justicia condenó a prisión perpetua a los autores de la denominada Masacre de Trelew


El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como "coautores responsables del homicidio con alevosía" de 16 presos políticos y tres tentativas.
Los hechos se produjeron en el marco de la denominada Masacre de Trelew, perpetrada el 22 de agosto de 1972.

La Masacre de Trelew ha sido declarada crimen de lesa humanidad. 

El Tribunal rechazó el pedido de cárcel común para los acusados por la Masacre de Trelew


El Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia desestimó el pedido formulado por la fiscalía y las querellas de inmediata detención en cárcel común para cuatro procesados por la Masacre de Trelew, en el primer día del juicio oral y público que comenzó este lunes en Rawson.
La fiscalía, que hizo la solicitud a la que adhirieron las querellas, "no acompañó elementos nuevos de convicción para variar el criterio", afirmó por la tarde, tras un cuarto intermedio, el juez Enrique Guanziroli, quien integra el tribunal junto a los camaristas Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella.
Antes de dar por concluida la audiencia inaugural del juicio, que se reanudará este martes a las 10, Guanziroli aludió a decisiones de la Cámara Nacional de Casación Penal que revocó resoluciones de tribunales inferiores que habían dispuesto cárcel efectiva para procesados en diversas causas por delitos de lesa humanidad.
El rechazo unánime del Tribunal al pedido de la fiscalía y las querellas fue recibido con exteriorizaciones de descontento por el numeroso público que presenció esta primera jornada del juicio oral y público a los imputados por la llamada Masacre de Trelew, que ejecutaron el 22 de agosto de 1972 miembros de la Armada.
La acusación había pedido el encarcelamiento efectivo de Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Carlos Morandino, acusados de homidicio doblemente agravado en 16 casos y en grado de tentativa en otros tres casos.
Esta solicitud invocó jurisprudencia acumulada en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad y solo exceptuaba "por el momento" a Jorge Bautista, acusado de encubrimiento del fusilamiento de 19 prisioneros políticos, 16 de los cuales murieron en la madrugada de aquel 22 de agosto, hace 40 años.
La concurrencia desbordó la capacidad de la amplia sala del Centro Cultural José Hernández de Rawson y en buena parte siguió la primera jornada del juicio en la aledaña plazoleta de la Legislatura chubutense por pantalla gigante, ya que lo trasmitió en directo la televisión pública provincial, Canal 7.
Constituido el Tribunal a las 10, el juez Guanziroli ordenó la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscalía en 2009, que acusa a los imputados por homicidio doblemente agravado de 16 prisioneros y otros tres en grado de tentativa, todos en la base aeronaval Almirante Zar.
El requerimiento detalla los hechos desde la fuga de un grupo de prisioneros políticos del penal de Rawson, el 15 de agosto de 1972, hasta la rendición pactada de 19 de ellos en el viejo aeropuerto de Trelew, hoy Centro de la Memoria, y su posterior fusilamiento en el área de celdas de la base Zar, en la madrugada del 22 de agosto.
Por estos hechos están acusados los capitanes Sosa, Del Real, Paccagnini y Bautista, éste último por encubrimiento, y el cabo Carlos Marandino.
Eludieron estar en el banquillo de los acusados el almirante Horacio Mayorga, ya que el Cuerpo de Medicina Forense consideró que por razones de salud mental no está condiciones de defenderse en juicio, y el capitán Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos, país donde reside.
Sobre los hechos de 1972, la acusación subraya que la negociación con oficiales navales tras la cual se entregaron 19 evadidos, luego de obtener la promesa de garantías, fue presenciada por el juez Alejandro Godoy, abogados y periodistas.
No obstante esos compromisos tomados por los oficiales de la Armada, relata que, "en la madrugada del 22 de agosto (...) aproximadamente entre las 2.30 y 3.30”, los acusados Sosa, Bravo, Del Real y un cuarto oficial ya fallecido de apellido Herrera “se presentaron en el lugar de detención”.
“Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo”.
Les ordenaron luego que se formaran, "algunos orientados hacia el ingreso del mismo y otros hacia las celdas de enfrente", con la vista hacia el suelo, "tras lo cual (Sosa) junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos”, consigna el mismo texto acusatorio.
Como consecuencia de la lluvia de disparos o de los llamados tiros de gracia fallecieron 16 de los 19 prisioneros fusilados.
Fueron asesinados Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
“En el caso de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no lograron el resultado de muerte, ya que fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado”, puntualiza la elevación a juicio.
Los tres sobrevivientes señalaron a Bravo como el oficial que recorrió los calabozos para rematar con un disparo de gracia en la nuca a los fusilados, desde que un Tribunal les tomó testimonio en octubre de 1972, donde seguían encarcelados y convalecientes.
Morandino, el suboficial que estaba de guardia en los calabozos, declaró que Sosa y los otros tres oficiales le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, y también dijo que le ordenaron mentirle al instructor de la Armada, Enrique Bautista, para encubrir después el fusilamiento.
La fiscalía señala la responsabilidad política directa en la masacre de la dictadura encabezada entonces por Alejandro Lanusse, además de la responsabilidad penal de los imputados en la causa como ejecutores materiales del fusilamiento ordenado por la superioridad y, en un caso, por encubrimiento.
Acusan en la causa los fiscales federales Horacio Arranz y Fernando Gelves, mientras que por la querella lo hacen abogados que representan a familiares de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Todos los acusados tienen abogados particulares excepto Morandino, representado por un defensor oficial.

Con la lectura de la acusación fiscal, comenzó el juicio por la Masacre de Trelew de 1972


Enviado especial
El juicio oral contra cinco acusados por la Masacre de Trelew, concretada el 22 de agosto de 1972 por integrantes de la Armada, comenzó con numeroso público que colmó la amplia sala del Centro Cultural José Hernández de Rawson.
El juez Enrique Guanziroli, quien integra el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia junto a Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella, ordenó la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscalía, que acusa a los imputados por homicidio agravado de 16 prisioneros y otros tres en grado de tentativa, todos en la base aeronaval Almirante Zar.
El requerimiento detalla los hechos desde la fuga de un grupo de prisioneros políticos del penal de Rawson, el 15 de agosto de 1972, hasta la rendición pactada de 19 de ellos en el viejo aeropuerto de Trelew, hoy Centro de la Memoria, y su posterior fusilamiento en el área de celdas de la base Zar, en la madrugada del 22 de agosto, hace casi 40 años.
Por estos hechos están acusados los capitanes Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, éste último por encubrimiento, y el cabo Carlos Marandino.
Eludieron el banquillo de los acusados el almirante Horacio Mayorga, ya que el Cuerpo de Medicina Forense consideró que por razones de salud mental no está en condiciones de defenderse en juicio, y el capitán Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos, país donde reside.
Sobre los hechos de 1972, la acusación subraya que la negociación con oficiales navales tras la cual se entregaron 19 evadidos, luego de obtener la promesa de garantías, fue presenciada por el juez Alejandro Godoy, abogados y periodistas.
No obstante esos compromisos tomados por los oficiales de la Armada, relata que, "en la madrugada del 22 de agosto (...) aproximadamente entre las 2.30 y 3.30”, los acusados Sosa, Bravo, Del Real y un cuarto oficial ya fallecido de apellido Herrera “se presentaron en el lugar de detención”.
“Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo”.
Les ordenaron luego que se formaran "algunos orientados hacia el ingreso del mismo y otros hacia las celdas de enfrente", con la vista hacia el suelo, "tras lo cual junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos”, consigna el mismo texto.
Como consecuencia de la lluvia de disparos o de los llamados tiros de gracia fallecieron 16 de los 19 prisioneros fusilados.
Fueron asesinados Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
“En el caso de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no lograron el resultado de muerte, ya que fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado”, puntualiza la elevación a juicio.
Los tres sobrevivientes señalaron a Bravo como el oficial que recorrió los calabozos para rematar con un disparo de gracia en la nuca a los fusilados.
Morandino, el suboficial que estaba de guardia en los calabozos, declaró que Sosa y otros tres oficiales le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, y también dijo que le ordenaron mentirle al instructor de la Armada, Enrique Bautista, para encubrir después el fusilamiento.
La fiscalía señala la responsabilidad política directa en la masacre de la dictadura encabezada entonces por Alejandro Lanusse, además de la responsabilidad penal de los imputados en la causa como ejecutores materiales del fusilamiento ordenado por la superioridad y, en un caso, por encubrimiento.
Con la lectura de la requisitoria fiscal y luego de la prueba acumulada contra los imputados, se puso en marcha esta mañana el juicio oral y público por la Masacre de Trelew.
Acusan en la causa los fiscales federales Horacio Arranz y Fernando Gelves, mientras que por la querella lo hacen abogados que representan a familiares de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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