El gobierno bonaerense de Daniel Scioli intentará a partir de este lunes destrabar el proyecto de revalúo inmobiliario rural, luego que la semana pasada el lobby de las entidades del campo impidiera la conformación de quórum para tratar en la Legislatura el paquete impositivo que centralmente intenta ajustar tributos que no se mueven desde hace quince años.
El incesante crecimiento del precio internacional de los productos agrícolas, llevó a las fértiles praderas bonaerenses a un valor promedio de mercado que ronda los 10.000 dólares por hectárea, pero la valuación fiscal se mantiene desde hace quince años en alrededor de 250 dólares por hectárea.
La modificación impositiva que quedó trabada en el parlamento bonaerense requiere los dos tercios de los votos para su aprobación y los intentos de tratamiento fracasaron porque al oficialismo le faltaban dos sufragios.
El bloque radical y el de la FAP -permeables al lobby rural- se opusieron al proyecto y reclamaron modificaciones que el oficialismo no aceptó, en virtud de que considera que cambiarían el espíritu de la norma, que también alcanza a la televisión por cable, que hasta ahora está exenta del pago de ingresos brutos.
El ministro de Economía nacional, Hernán Lorenzino consideró que el gobernador Scioli podría contar con los cambios impositivos mediante un decreto, ya que a su juicio estaría habilitado a esa vía por normas vigentes, pero su colega bonaerense, Silvina Batakis juzga lo contrario.
El oficialismo podría contar con uno de los dos votos que le faltan en virtud del regreso de un legislador oficialista que se encontraba de viaje la semana pasada, pero de todos modos debería conseguir otra voluntad para aprobar un proyecto que no hace más que intentar actualizar valores totalmente desactualizados.
El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, uno de los referentes de la rebelión del campo contra el gobierno nacional durante 2008, amenazó con que "esto será peor que la 125", en referencia al proyecto que consiguieron bloquear con el inesperado apoyo del voto no positivo del entonces vicepresidente Julio Cobos.
Las patronales del campo ya enfrentaron al gobierno del entrerriano Sergio Urribarri, quién logró finalmente una reevaluación gradual en 2008 que hizo que los chacareros entrerrianos paguen al menos hoy impuestos más bajos que los que pagan los desactualizados campos bonaerenses.
En realidad, los mayores temores de los propietarios rurales bonaerenses no pasan tanto por el revalúo de impuestos irrisorios, sino porque las nuevas valuaciones los incluirían sin duda en el impuesto a los bienes personales.
Consultados por movileros de televisión frente a la legislatura de La Plata, los ruralistas que se manifestaban allí se negaron a informar cuanto pagaban por el impuesto inmobiliario rural. O no se acordaban de los montos por irrisorios, o se negaron expresamente a informarlo para no poner en evidencia la situación.
Los funcionarios bonaerenses les recuerdan en cambio que si se aprobara el proyecto oficial, los campos pagarían un impuesto inmobiliario sobre el 30 por ciento de su valor real.
Sin embargo, propietarios de campos importantes pagan actualmente valores similares a los de la patente de un auto mediano. Por otra parte, los habitantes de las ciudades soportaron en los últimos años importantes revalúos inmobiliarios.
El enfrentamiento remite a las históricas actitudes insolidarias y corporativas de un sector que, pese a tener la mayor capacidad contributiva de la Provincia de Buenos Aires, le niega brutalmente al estado su potestad tributaria.
Se trata de una curiosa idea de la República y la democracia a la que aluden cada vez que las medidas oficiales los favorecen.
