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Señalizan la "Quinta de los Méndez" como sitio de la memoria

La denominada  “Quinta de los Méndez” de la ciudad de Tandil, utilizada durante la última dictadura militar para el secuestro, la tortura y el asesinato de personas, fue señalada como sitio de memoria, tras una iniciativa de organismos de derechos humanos.


La quinta, ubicada en avenida Juan Manuel de Rosas y calle Scavini, en el paraje “Los Laureles” de Tandil, perteneció a los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez, quienes cedieron el predio al Ejército para que lo utilizara como centro clandestino de detención, lo que constituyó una prueba testimonial de la participación de sectores de la sociedad civil en la persecución de opositores políticos.
Allí se emplazó la señalización, con información que hace referencia a los crímenes que se cometieron en el lugar.
También se cambió hoy el nombre de una de las calles linderas, conocida popularmente como “Camino Encantado” o “Camino Misterioso”, por el de “Dr. Carlos Alberto Moreno”, en homenaje al apoderado de la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina (AOMA) y de los trabajadores de la cementera Loma Negra de Olavarría, quien fue secuestrado entre abril y mayo de 1977, sometido a tormentos y asesinado.
Agustín Cetrángelo, de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo en el acto que “hace nueve años que el Estado nacional levanta las banderas de los derechos humanos, que es una política de Estado”.
Tras enviar el saludo del titular de esa secretaría, Martín Fresneda, Cetrángelo dijo que esas políticas “permitieron encarcelar a 300 represores y a tener casi 40 sitios señalizados donde funcionaron centros clandestinos de detención, y que puso a la Argentina a la vanguardia en temas de derechos humanos”.
Por el crimen de Moreno fueron condenados el 16 de marzo último por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata a los ex Jefe del área militar 121 de Ejército, Alberto Tommasi; el ex Mayor del Ejército Argentino en funciones de oficial de operaciones, Roque Italo Pappalardo; y al ex cabo primero y jefe de grupo del escuadrón de transporte del área militar, José Luis Ojeda; a cadena perpetua; y a los hermanos Méndez a penas de 15 y 11 años por haber sido partícipes necesarios.
También el Tribunal ordenó investigar al entonces directorio de la empresa “Loma Negra” por las sospechas de haber “inducido” los delitos y, por su ocultamiento y tergiversación, una causa que está en marcha.
Y ordenó investigar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al entonces ministro de Gobierno, Jaime Smart, por la difusión de un comunicado falso del Primer Cuerpo del Ejército que presentó el homicidio de Moreno como producto de un enfrentamiento.
En el juicio por el crimen de Moreno quedó comprobado que los hermanos Méndez tenían una relación estrecha con altos mandos del Ejército y cedieron su propiedad para que allí funcionara un centro clandestino de detención, a cambio de obtener beneficios económicos, políticos y sociales para llevar adelante sus emprendimientos personales.
En ese sentido, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto, señaló que “fue el primer caso en donde se comprobó la complicidad de civiles con la dictadura” y refirió que “oligarcas como los Méndez fueron cómplices”.
Carlotto informó que “en toda la provincia vamos a señalizar hasta el último sitio donde funcionaron centros clandestinos de detención”.
El diputado nacional Horacio Pietragalla (FPV) refirió que el juicio por el crimen de Moreno “pudo juzgar a dos civiles vinculados al proceso militar y ordenó investigaciones en la sentencia, porque hubo un plan económico que se instauró con la dictadura y en la que la empresa Loma Negra se vio favorecida”.
Pietragalla indicó que “el compromiso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es avanzar en los juicios contra aquellos civiles que tuvieron responsabilidad y los grupos económicos” de entonces.
La actividad fue organizada por la Red Federal de Sitios de Memoria que coordina el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el Concejo Deliberante de Tandil y la Multisectorial por la Memoria, la Verdad, la Justicia y Alegría de la ciudad serrana.
En el país ya hay 38 lugares transformados en sitios de memoria para recordar que allí se instrumentó el terrorismo de Estado durante la más trágica y criminal dictadura militar de la Argentina.

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