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Indagan al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por la tragedia ferroviaria de Once


El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime se presentó esta mañana ante el juez federal Claudio Bonadio para prestar declaración indagatoria en la causa por el accidente ferroviario del pasado 22 de febrero en la estación Once, donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.
El ex funcionario nacional arribó a los tribunales del barrio porteño de Retiro a las 8.30 y se dirigió directamente al tercer piso del edificio donde tiene su despacho el magistrado.
Fuentes allegadas a la causa anticiparon que Jaime “va a declarar”, aunque no se precisaron si también accederá a contestar preguntas del juez que investiga el trágico siniestro o se limitará a exponer negando responsabilidades en el hecho.
En el marco del expediente, ayer fue indagado el maquinista Marcos Córdoba, quien manejaba la formación de la ex línea Sarmiento al momento del hecho, y en su declaración reiteró que los frenos no funcionaron y negó que sufriera epilepsia.

Detienen e indagan a represores vinculados con cuatro asesinatos


Los ex coroneles del Ejército Lucio Carlos Ramírez y Orlando Miguel “Arcángel” Ruarte fueron detenidos en Capital Federal para ser indagados por la justicia federal de La Plata por cuatro asesinatos y la privación ilegal de la libertad de un ex marino durante la última dictadura militar.
Ruarte deberá responder por los crímenes de Dardo Cabo y Roberto Rufino Pirles, en tanto Ramírez lo hará por Ángel Giorgadis, Horacio Rapaport y la detención ilegal del ex marino, Julio César Urien, confirmó una fuente de la justicia federal de La Plata.
Ambos ex coroneles serán indagados en las próximas horas por el juez federal de La Plata Manuel Humberto Blanco.
Las detenciones surgen como continuidad del juicio que se siguió en el 2010 a 11 agentes del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB), donde estuvieron detenidas las víctimas.
Al momento de ser juzgados los 11 agentes bonaerenses, se pidió que se continuara con la investigación respecto a la responsabilidad de estos dos ex coroneles en esos crímenes y en la detención ilegal de Urien.
Finalmente el juez Blanco ordenó la detención de ambos para ser indagados por dichos delitos cometidos durante la última dictadura militar.
Dardo Cabo y Rufino Pirles se hallaban detenidos en la unidad 9 de La Plata, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional cuando el 5 de enero de 1977 se les notifica que serán trasladados al penal de Sierra Chica.
La orden de traslado estaba firmada por Ruarte, detalló una fuente judicial.
Cabo, hijo del sindicalista metalúrgico Armando Cabo, era periodista y a fines de septiembre de 1966 encabezó el Operativo Cóndor cuando junto con otros militantes, secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas y lo desviaron hacia las Islas Malvinas, donde lograron enarbolar la bandera argentina.
Durante el viaje a esa ciudad, el 7 de enero de 1977, a la altura de la ciudad de Brandsen, Cabo y Pirles fueron ejecutados, tras simular que un grupo de "elementos subversivos" había querido rescatar a los dos detenidos, manteniendo un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
Ningún policía o militar resultó herido y nadie presenció la supuesta emboscada.
El 26 de enero de 1977, Urien y Georgiadis fueron trasladados de la unidad 9 de la Plata al Regimiento de Infantería Mecanizado "Coronel Conde" N° 7 de La Plata, traslado firmado por Ramírez.
La madre de Urien, Susana Trotz de Urien, se entrevistó con el entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy y pidió que no trasladaran a su hijo, ya que se rumoreaba entre los detenidos que durante ese traslado procederían a matarlos, simulando luego que se habían intentado fugar.
La mujer logra que su hijo no sea llevado al Regimiento 7, y su lugar fue ocupado por Horacio Rapaport, muriendo ambos en ese Regimiento el 2 de febrero de 1977.

Sergio Schoklender quedó detenido tras presentarse a declarar ante el juez Oyarbide


El ex apoderado de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, quedó detenido tras presentarse a declarar en la causa por ilícitos con el manejo de fondos para la construcción de viviendas sociales.
El juez federal Norberto Oyarbide le comunicó a Schoklender su decisión luego de que le leyeran al acusado las imputaciones que pesan sobre él en el sumario de la causa.
"Voy a contestar todo lo que el juez quiera saber", afirmó Schoklender, en un breve contacto con el periodismo previo a la audiencia que se celebró en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py de esta capital.
Schoklender, a quien se le atribuyen los presuntos delitos de fraude contra la administración pública y lavado de dinero, dijo estar dispuesto a responder todas las preguntas y pasar por un extenso interrogatorio "teniendo en cuenta (el volumen de) la causa".
El imputado, asistido por la defensora oficial Perla Martínez de Buck, recordó que en varias ocasiones había pedido declarar, pero que el magistrado postergó la fijación de la audiencia.
"Es porque cada vez que inventaban o armaban algo se les iba cayendo", manifestó Schoklender sobre las supuestas causas de la demora de su citación a indagatoria.
"Entonces había que inventar más", concluyó el ex apoderado antes de retirarse de uno de los pasillos, donde -antes de la indagatoria- se había desplazado para fumar un cigarrillo.
Por la indagatoria, Oyarbide había ordenado reforzar la seguridad en el piso donde está su despacho, con mayor presencia policial y de custodios personales, y restricción de paso a los periodistas.

Tragedia de Once: el presidente de TBA dijo ante la Justicia que su rol es “institucional”


Carlos Michele Ferrari afirmó ante el juez federal Claudio Bonadio que su rol en la empresa es "institucional" y que no tuvo injerencia en el manejo operativo desde que asumió su puesto hace un año, al ser el primer directivo indagado por el accidente.
Ferrari ingresó poco después de las 10 a los tribunales federales de Retiro, entregó un escrito y luego respondió a unas 20 preguntas hechas en la audiencia por Bonadio, quien asistió a todo el trámite hasta poco después de las 13, informaron a Télam fuentes judiciales.
Poco antes el vicepresidente de la firma controlante Cometrans, Oscar Garibolglio, se presentó a pedir una prórroga por problemas de agenda de su abogado y al serle rechazada quedó constancia de su negativa a declarar y de su intención de hacerlo en un futuro.
Ferrari ingresó acompañado por su abogado Martín Clemente, entregó un extenso escrito donde afirmó que llegó a Trenes de Buenos Aires hace un año como presidente y que la concesión data de 17 años atrás.
En ese texto, informó que su rol es "funcional, institucional" y que en ese período tuvo a su cargo negociaciones, como por ejemplo la implementación de la tarjeta SUBE, la puesta en marcha del tren Gran Capitán y del ferrocarril a Uruguay, sin absorber funciones relativas al mantenimiento de las formaciones ni las condiciones de circulación.
Bonadio leyó la imputación concreta al directivo referida a la "impropia utilización del material rodante, de la infraestructura concesionada, del personal transferido y de los fondos que el Estado puso a su disposición para ofrecer un mejor servicio de transporte público de pasajeros, digno y confiable y con una superior calidad y frecuencia a la actual".
El titular de la empresa, de profesión abogado, le explicó que hay 4.500 personas en TBA y que su función sólo es "institucional y de representación de la compañía".
Bonadio realizó la mayoría de las preguntas y las restantes fueron hechas por la secretaria que lleva la causa, ya que a la indagatoria no se presentó el fiscal Federico Delgado.
Según las fuentes el juez quiso saber los aspectos relativos a la "incidencia de los directivos y su función" en lo que ocurrió en la estación Once el 22 de febrero pasado.
Clemente, quien patrocina a todo el directorio de TBA, recusó además a uno de los peritos de la Universidad de Buenos Aires que participó de la pericia sobre el tren siniestrado, Juan Brito, por entender que no participó del debate final por la pericia y pudo ser "presionado" por medios de comunicación.
Para el miércoles y viernes está prevista la declaración indagatoria de más directivos y gerentes operativos de TBA y en junio lo harán los miembros de la familia Cirigliano, dueña de la empresa concesionaria, y los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
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