Del otro lado, entre los desafíos pendientes, se cuentan la necesidad de una reconstrucción del sistema de partidos políticos, devastados por la crisis del 2001, la continuidad de la lucha contra la pobreza y la exclusión, la profundización de un modelo productivo, la implementación de una reforma tributaria y la multiplicación de oportunidades.
Así surge de opiniones vertidas a Télam por legisladores de distintas fuerzas políticas, quienes, a 29 años de la recuperación de la democracia, marcaron como la principal ganancia de esta etapa el hecho de que el país esté transitando el período más extenso de gobiernos elegidos por el voto popular desde la sanción de la Ley Sáenz Peña, un siglo atrás.
"El 10 de diciembre de 1983 nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces de consolidar un escenario de gobiernos elegidos democráticamente, en forma continua, y si la democracia iba a poder ser una realidad y no primaveras o lapsos entre golpe y golpe. Hoy eso quedó perfectamente consolidado", aseveró Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del oficialismo.
"Gracias a haber podido caminar 29 años continuos de democracia, que era elemental para restaurar la vida institucional de respeto a la vida, ahora podemos proponernos cosas de mayor nivel: después de los primeros palotes se puede hilar más fino", opinó Jorge Landau, diputado del Frente para la Victoria.
De igual manera, el jefe de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, entendió que el mayor logro es "haber consolidado la democracia política" y "haber hecho efectivo el principio de soberanía popular: la elección de gobernantes en comicios libres".
En tanto, el titular del bloque del PRO, Federico Pinedo, mencionó como un punto central de este período la recuperación del "factor de unidad nacional, que es la Constitución y el estado de derecho", al igual que "la mirada sobre la exclusión social y la supremacía de la política".
Por su parte, la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, resaltó "los avances sociales e institucionales con relación a los derechos humanos de la memoria, entendiendo que las dictaduras en Latinoamérica fueron un mecanismo de vaciamiento del Estado y empobrecimiento de la sociedad a costa de vidas humadas".
Margarita Stolbizer, titular del GEN, ponderó el acceso a "un amplísimo reconocimiento de derechos y libertades", aunque sostuvo que aún resta "consolidar un funcionamiento institucional que ponga al Estado en garantía real de esos derechos".
Desde el bloque del Frente Peronista, Enrique Thomas destacó el "avance registrado en integración regional y conciencia nacional latinoamericana" y el "crecimiento numérico, aunque acotado, de la clase obrera y la irrupción del sector rural, de pequeño y mediano formato, con clara conciencia federal de sus intereses".
"Estos 29 años nos permitieron expresarnos sin temor a morir. Para los que sufrimos la dictadura esto tiene una significación muy especial: reconocemos en la democracia una forma de gobierno y también una forma de sociedad, una experiencia colectiva para construir una vida común", sostuvo la socialista Alicia Ciciliani.
Para eso, el puntapié inicial estuvo dado por la nueva conformación de la Corte Suprema en los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner. En el 2004, con una nueva impronta, el máximo tribunal del país decretó la muerte de las llamadas leyes de la impunidad al declarar su inconstitucionalidad, un año después de que el Congreso Nacional las derogara.
Hubo entonces otra mirada sobre los asesinatos de la dictadura, considerados ahora como genocidio y crímenes de lesa humanidad, y eso motorizó cientos de causas contra represores que habían quedado paralizadas en los 80.
Rossi destacó que, a partir del 2003, con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final "se pudo completar el proceso iniciado con el Juicio a las Juntas, y se dio lugar a procesos basados en la verdad y la memoria" contra los represores del último régimen militar.
Así fue que los pequeños pasos dados por la democracia en la década del 80 se volvieron más firmes en la última década con el retroceso de las Fuerzas Armadas como factor de poder y la evolución de la idea de reparación de justicia para las víctimas de la dictadura.
En otro orden, también en los últimos años, quedó inaugurado el desendeudamiento de Argentina ante el FMI, lo que tuvo un peso concreto y simbólico y puso fin a una deuda que limitó el desarrollo del país desde los años 70.
Además de haber sacado al país de la cesación de pagos más grande de su historia, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner lograron en estos años un récord en acumulación de reservas en el Banco Central, un creciente desarrollo del comercio exterior y una notoria disminución de los índices de pobreza y desempleo.
Más allá de las coincidencias y matices en torno a los logros cosechados en estos últimos 29 años de democracia, los diputados consultados por Télam también señalaron las asignaturas pendientes.
"Nos falta satisfacer promesas que trae consigo la democracia, algunas de ellas implícitas, que tienen que ver con crear condiciones de vida en igualdad para todos los argentinos", planteó Gil Lavedra, quien a la vez indicó que "aún el sistema partidos no llegó a reconstituirse" tras la crisis del 2001.
En el mismo sentido, Landau puso el acento en la necesidad de "reconstruir el sistema de fuerzas políticas alternativas" y opinó que las primarias abiertas implementadas para la selección de candidatos "es el inicio de un camino de solución" a esa carencia de la democracia.
"Soñamos con seguir construyendo un país y una sociedad con mayores niveles de justicia e inclusión social, mejor distribución del ingreso, mayor movilidad social ascendente y mayor equilibrio entre las regiones geográficas", expresó por su parte Rossi.
Para Thomas, en tanto, aún falta "establecer una cultura política madura" que haga equilibrio entre los que "entienden que los objetivos del desarrollo económico autorizan a vulnerar la independencia de poderes o el respeto de las minorías" y quienes "invocan derechos individuales y se desentienden de la justicia social".
"Como forma de sociedad aún no encontramos un núcleo básico de valores que nos permita definir una política de Estado, es decir, definir qué bienes públicos son esenciales y quién los paga; construimos una democracia que permite demandar derechos, pero que todavía no puede garantizarlos a todos", opinó Ciciliani.
En idéntica línea, Stolbizer juzgó que "falta consolidar un funcionamiento institucional democrático que ponga al Estado en garantía real de los derechos que aseguran el acceso a la vivienda, al trabajo y a una jubilación digna, entre otras cuestiones".
Pinedo sintetizó que lo "negativo" de los gobiernos que se sucedieron en estos años "sigue siendo la hiperinflación, la pobreza y el abuso de poder" y definió a esos problemas como "las deudas de la democracia".
Donda juzgó necesario ampliar en forma "urgente" los derechos humanos de las mujeres, con la sanción de una ley que habilite la interrupción voluntaria del embarazo, y los de los pueblos originarios", con mecanismos que eviten que "sean despojados de sus tierras y de sus recursos ancestrales".
Sin embargo, en el balance de estos 29 años vale resaltar que la ampliación de derechos civiles, que tuvo un tibio amanecer con la sanción del divorcio durante el gobierno de Raúl Alfonsín, dio un paso clave en el 2010 cuando el Congreso votó el matrimonio igualitario y, este año, con la aprobación de las leyes de identidad de género y de muerte digna.
Otro rasgo claro del avance democrático fue la sanción en el 2009 de la ley de medios, que marcó el fin de una normativa diseñada por la dictadura y habilitó un esquema más plural y equitativo en la estructura de medios audiovisuales, tras décadas de fracasos de proyectos que no lograron tratamiento ni sanción parlamentaria en gobiernos anteriores.
