La cita, presidida por el presidente del BCE, el italiano Mario Draghi, comenzó tras la tradicional “foto de familia” en el Hotel Arts de Barcelona, que se encuentra blindado con un fuerte operativo de seguridad ante posibles protestas de grupos anticapitalistas.
Más de 8.000 agentes de las fuerzas de seguridad vigilan los puntos críticos de la ciudad, entre ellos el Centro Internacional de Convenciones de Barcelona (CICB), que alberga algunas de las reuniones y donde Draghi y el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, brindarán una conferencia de prensa.
El movimiento de los “indignados” o 15-M, así como las centrales obreras y la “izquierda plural”, denuncian al BCE de ser, junto con la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el responsable de las políticas de ajustes, privatizaciones y reformas neoliberales que se están imponiendo en la zona euro y que en España están llevando al país hacia un precipicio.
Sin embargo, los activistas aseguran que no caerán en la confrontación a la que quieren conducirlos las autoridades, por lo que no se manifestarán cerca de la reunión del BCE sino que celebrarán una “cumbre alternativa” en el Parque Joan Miró.
Los indignados recibieron ayer a las autoridades del BCE con un “cacerolazo” que se repetirá hoy y mañana en rechazo a la entidad y contra el estado de excepción en que se ve sumida Barcelona por la celebración de esta cumbre.
El foco de tensión estará en la manifestación convocada por los estudiantes universitarios en la plaza Universidad, en pleno corazón de Barcelona, para rechazar la suba de las tasas universitarias, medida que se desprende de los recortes en materia educativa impulsados por el gobierno de Mariano Rajoy en España y que implementan las autoridades regionales.
El BCE, que dos veces al año celebra su encuentro mensual fuera de su sede de Fránkfurt, desembarcó en España en un momento extremadamente sensible.
A las perspectivas económicas negativas de España, que en el primer trimestre del año recayó en recesión, se suma una tasa de desempleo del 24,4%, es decir 5,6 millones de personas, y una creciente desconfianza de los inversores en un sistema bancario plagado de activos tóxicos del sector inmobiliario.
El gobierno espera que el BCE respalde sus políticas de ajuste, aunque se espera que también se exija un mayor esfuerzo en el saneamiento del sistema financiero, un tema que se abordará en al reunión.
En cuanto a la política monetaria, los analistas dan por hecho que el BCE mantendrá los tipos de interés en la zona euro en el 1 % fijado en diciembre pasado, por lo que no se modificará el suministro de liquidez.
Una de las incógnitas es si el BCE reestablecerá la compra de deuda soberana de los países periféricos, entre ellos España, para evitar que se intensifique la crisis de endeudamiento de la zona euro.
En este contexto, el Tesoro Público de España colocó hoy 2.516 millones de euros en bonos y obligaciones –el máximo que tenía previsto- aunque a un precio más alto, según datos del Banco de España.
En tanto, la reunión del BCE –formado por 17 presidentes de los bancos centrales de la zona euro y seis miembros del Comité Ejecutivo- podría suponer el inicio de un cambio en el discurso de la entidad, planteando con más ímpetu la necesidad de un pacto de crecimiento para la zona euro, como exigen cada vez más voces en el seno de la Unión Europea (UE).
En ese sentido, Draghi deberá dirimir la lucha interna entre los guardianes de la ortodoxia, representantes de la canciller Angela Merkel, y quienes piden una política más heterodoxa para salir de la crisis.
