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Califican como "histórico" al juicio de La Perla en Córdoba

Referentes de los DD.HH. y autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) resaltaron como “histórico y emblemático” el juicio de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.


El jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Agustín Di Toffino, hijo del secuestrado y desaparecido sindicalista de Luz y Fuerza de Córdoba el 30 de noviembre de 1976, manifestó que con este juicio “histórico” se va a llegar a “establecer un pedazo de la historia de Córdoba, no sólo la historia personal de las víctimas y sus familiares, sino de la historia oscura de esos años”.
Destacó también que a partir de estos juicios se trata de “construir parámetros y valores ciudadanos en defensa de la democracia, partiendo desde la base en que todo aquel que haya secuestrado, torturado y asesinado no puede estar en libertad. No pueden quedar impunes”.
“Desde el 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner, se incorpora a la agenda del Estado la decisión de avanzar en una política de Derechos Humanos con el objetivo principal que los delitos de lesa humanidad no queden impunes”, resaltó Di Toffino.
Sobre el tema instó a “seguir luchando por ese objetivo, porque con convicción y con un reclamo justo los resultados llegan”, dijo, y citó como ejemplo “las grandes luchas de Madres y Abuelas”, quienes afrontaron momentos muy difíciles de la dictadura.
Carolina Scotto, rectora de la UNC, destacó que “este juicio fue muy esperado por toda la ciudadanía de Córdoba, y haber llegado al comienzo del proceso genera expectativas en cuanto al cierre de una etapa violenta de un terrorismo de Estado que ha dejado un terrible trauma en la sociedad”.
Asimismo dijo que si bien “hay aún muchas víctimas que esperan justicia, este es un gran paso y se sigue trabajando para cerrar esa etapa de impunidad”, resaltó Scotto antes de ingresar a la sala de audiencias del juicio.
Por su parte, Emi D´Ambra, titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, fue una de las primerras en llegar a los Tribunales Federales y manifestó que "a pesar de que este juicio llega tarde, lo importante es que el día ha llegado y con esto ya nos hace sentir que no hemos luchado en vano todos estos años”.
“Tenemos esperanza de que en este juicio, que sin ninguna duda es histórico para Córdoba, no sólo se sigan esclareciendo los hechos que ocurrieron durante la dictadura, sino que avancemos en el destino de los desaparecidos”, manifestó D`Ambra.

ESMA II: se reanudó el juicio con acusaciones por secuestro de niños y trabajo esclavo


El juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ESMA se reanudó con la lectura de acusaciones sobre víctimas sometidas a trabajo esclavo, nacimientos en la maternidad clandestina y secuestro y apropiación de menores de edad en ese centro ilegal de detención.
La tercera audiencia del segundo megajuicio por lo ocurrido en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar repasó, entre otros, los casos del legislador Juan Cabandié, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Su caso fue repasado junto a los de otros recién nacidos que fueron víctima de "condiciones inhumanas de vida, paupérrimas condiciones de alimentación" y que terminaron separados de sus madres y en gran parte de los casos apropiados.

Eso ocurrió con Cabandié, según la acusación leída ante el Tribunal Oral Federal 5, cuya madre Alicia fue secuestrada en 1977 embarazada de 5 meses y trasladada a la ESMA para dar a luz en el Casino de Oficiales.

El recién nacido estuvo 20 días con su madre en la ESMA hasta que el fallecido represor Héctor Febres le hizo escribir una carta a sus familiares, que dejó junto al niño antes de que el pequeño fuera sacado por otro represor, Pedro Bolita.

Cabandié fue apropiado y recuperó su identidad en 2004.

Tanto en este como en otros casos repasados hoy, la Justicia acusa a Febres de ser quien custodiaba a las embarazadas secuestradas y a los niños nacidos en cautiverio.

Si bien el robo de bebés en la ESMA ya fue juzgado en otro proceso, el megajuicio actual también incluirá cargos por la maternidad clandestina que funcionó allí, lo ocurrido con los niños y el destino de sus madres desaparecidas.

Los bebés "eran mantenidos en cautiverio junto a sus madres" en condiciones "paupérrimas de alimentación, higiene en el lugar, agravadas por su situación de recién nacidos", se repitió una y otra vez en la lectura de cada caso.

Y también se repasaron los secuestros de padres con hijos menores que eran llevados con ellos al centro clandestino como en el caso de Carlos Lordkipanidse, torturado frente a su bebé de 20 días mientras lo amenazaban con "reventarle" la cabeza contra una pared.

Otro tramo de lectura de la acusación incluyó a secuestrados que fueron obligados a cumplir tareas como mano de obra esclava por sus captores, como ocurrió a la periodista Miriam Lewin, secuestrada el 17 de mayo de 1977 y obligada hasta el 26 de marzo de 1978 a "realizar trabajos a favor de los captores" en la llamada "huevera" de la ESMA y luego, bajo libertad vigilada a seguir desempeñándose para ellos.

También se enumeraron los casos en que secuestrados eran obligados a salir con sus captores, como ocurrió a una víctima con los detenidos Alfredo Astiz, Febres o Jorge "Tigre" Acosta, a quienes incluso tuvo que acompañar a locales bailables y viajar con ellos a México para "buscar" a Jaime Dri.

Uno de los casos que se juzga en este proceso es el del abogado Guillermo Díaz Lestrem, un defensor de detenidos políticos secuestrado el 20 de octubre de 1978 por el grupo operativo 3.3.2 de la ESMA, torturado y cuyo cadáver se encontró en Palermo, frente a una guarnición del Ejército.

También se leyó la acusación por el secuestro y asesinato de la diplomática Elena Holmberg, quien era agregada cultural de la embajada argentina en París y "sabía de la existencia del llamado Centro Piloto" creado en la clandestinidad para "modificar la imagen argentina en Europa, infiltrarse en organizaciones de exiliados y detectar" a quienes mantenían contactos desde Argentina.

Holmberg fue trasladada a la Cancillería en Buenos Aires por sus continuos enfrenamientos con quien estaba a cargo del centro piloto y poco después de llegar al país fue secuestrada, llevada a la ESMA, asesinada y su cadáver apareció en el Delta.

Entre los juzgados están los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Carlos Rádice y Adolfo Miguel Donda, además del civil y ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, este último por presenciar una sesión de torturas cuando era funcionario público.

También se juzga a los procesados por pilotear e integrar tripulaciones de los llamados "vuelos de la muerte" desde donde se arrojaban secuestrados drogados al Rio de la Plata.

Condenaron a 13 represores y absolvieron a ocho en el juicio "Escuelita II" en Neuquén


El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén condenó a 13 represores a penas que van de entre 23 a 6 años y medio de cárcel por delitos de lesa humanidad, en el juicio conocido como "Escuelita II", mientras que absolvió a otros 8.
La decisión de absolver a 8 personas fue cuestionada por la querella que manifestaron su decepción.
El veredicto se conoció este martes en una audiencia presidida por el titular del Tribunal Oral Federal, Orlando Coscia, junto a los vocales Eugenio Krom y Mariano Lozano.
Las máximas condenas fueron para los ex jefes militares Osvaldo Antonio Laurella Crippa, con 23 años, Enrique Braulio Olea, 22, Oscar Reinhold, 21, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín, 19, y José Ricardo Luera, 16 años.
El ex agente de Inteligencia, Raúl Guglielminetti, fue condenado a 12 años, Charles Casagrande, perteneciente al departamento de Inteligencia militar, 8, y Máximo Maldonado, 7, también ex miembro de
Inteligencia.
El ex comisario de la Policía de Río Negro, Antonio Camarelli recibió una pena de 10 años, el ex jefe militar Gustavo Viton, 8, el ex policía de Inteligencia Miguel Quiñones, 6 años y 6 meses, y el ex agente de Inteligencia militar Francisco Oviedo, 4 años.
El Tribunal absolvió a los ex policías de Río Negro Serapio Barros, Gerónimo Huircain, Oscar Del Magro, Julio Villalobo, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef.
También absolvió al ex comandante de Gendarmería, Emilio Sacchitella y al ex miembro del destacamento de Inteligencia del Ejército, Jorge Gaetani.
El fiscal federal Marcelo Grosso, que había solicitado condenas mucho más severas, dijo que "no necesariamente el fallo tiene que ser justo porque recoge lo que he planteado pero hay algunas cuestiones que me voy a tomar el trabajo de revisar bien porque hay absoluciones que no comparto".
Manifestó que no está "decepcionado por las condenas" y aseguró que "esto sirve para que no se hablen pavadas por ahí, de que están todos condenados (por expresiones de defensores particulares de varios imputados) que para qué se hace el juicio".
"Esto ha demostrado que no estaban todos condenados, que no hay una fórmula, ni un formulario para imponer 25 años de prisión a todo el mundo y que el Tribunal ha mensurado las penas dentro de la escala que corresponden", afirmó.
El abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), Juan Cruz Goñi, opinó que "las penas han sido muy por debajo de los máximos que habíamos solicitado".
Dijo que "nos parece lamentable que no se haya condenado en el caso de la policía de Cipolletti (Río Negro). Estudiaremos todo lo necesario para efectuar las apelaciones que correspondan en todo lo que nosotros consideramos que es importante".
La representante de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Ivana Dal Bianco, expresó que "es una burla a los trabajadores y el pueblo. Se siguen manteniendo las prisiones domiciliarias y tomamos este veredicto con mucha indignación".
La delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, dijo que estaba "decepcionada porque esperábamos condenas más importantes. Creemos que después de tantos meses de debate se probó lo que fue el plan sistemático en la región".
Señaló que la sorprendió "la decisión del Tribunal de absolver a los policías de Cipolletti porque nosotros vimos a los testigos y lo que significó la comisaría de Cipolletti".
La lectura de la sentencia se realizó sin inconvenientes y sólo cuando culminó el trámite hubo manifestaciones de protesta de parte de un grupo de asistentes a la audiencia.
Frente a las instalaciones del salón donde se conoció el veredicto se realizó un acto con fuertes críticas hacia el Tribunal.

Condenaron a 13 represores y absolvieron a ocho en el juicio "Escuelita II" en Neuquén


El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén condenó a 13 represores a penas que van de entre 23 a 6 años y medio de cárcel por delitos de lesa humanidad, en el juicio conocido como "Escuelita II", mientras que absolvió a otros 8.
La decisión de absolver a 8 personas fue cuestionada por la querella que manifestaron su decepción.
El veredicto se conoció este martes en una audiencia presidida por el titular del Tribunal Oral Federal, Orlando Coscia, junto a los vocales Eugenio Krom y Mariano Lozano.
Las máximas condenas fueron para los ex jefes militares Osvaldo Antonio Laurella Crippa, con 23 años, Enrique Braulio Olea, 22, Oscar Reinhold, 21, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín, 19, y José Ricardo Luera, 16 años.
El ex agente de Inteligencia, Raúl Guglielminetti, fue condenado a 12 años, Charles Casagrande, perteneciente al departamento de Inteligencia militar, 8, y Máximo Maldonado, 7, también ex miembro de
Inteligencia.
El ex comisario de la Policía de Río Negro, Antonio Camarelli recibió una pena de 10 años, el ex jefe militar Gustavo Viton, 8, el ex policía de Inteligencia Miguel Quiñones, 6 años y 6 meses, y el ex agente de Inteligencia militar Francisco Oviedo, 4 años.
El Tribunal absolvió a los ex policías de Río Negro Serapio Barros, Gerónimo Huircain, Oscar Del Magro, Julio Villalobo, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef.
También absolvió al ex comandante de Gendarmería, Emilio Sacchitella y al ex miembro del destacamento de Inteligencia del Ejército, Jorge Gaetani.
El fiscal federal Marcelo Grosso, que había solicitado condenas mucho más severas, dijo que "no necesariamente el fallo tiene que ser justo porque recoge lo que he planteado pero hay algunas cuestiones que me voy a tomar el trabajo de revisar bien porque hay absoluciones que no comparto".
Manifestó que no está "decepcionado por las condenas" y aseguró que "esto sirve para que no se hablen pavadas por ahí, de que están todos condenados (por expresiones de defensores particulares de varios imputados) que para qué se hace el juicio".
"Esto ha demostrado que no estaban todos condenados, que no hay una fórmula, ni un formulario para imponer 25 años de prisión a todo el mundo y que el Tribunal ha mensurado las penas dentro de la escala que corresponden", afirmó.
El abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), Juan Cruz Goñi, opinó que "las penas han sido muy por debajo de los máximos que habíamos solicitado".
Dijo que "nos parece lamentable que no se haya condenado en el caso de la policía de Cipolletti (Río Negro). Estudiaremos todo lo necesario para efectuar las apelaciones que correspondan en todo lo que nosotros consideramos que es importante".
La representante de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Ivana Dal Bianco, expresó que "es una burla a los trabajadores y el pueblo. Se siguen manteniendo las prisiones domiciliarias y tomamos este veredicto con mucha indignación".
La delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, dijo que estaba "decepcionada porque esperábamos condenas más importantes. Creemos que después de tantos meses de debate se probó lo que fue el plan sistemático en la región".
Señaló que la sorprendió "la decisión del Tribunal de absolver a los policías de Cipolletti porque nosotros vimos a los testigos y lo que significó la comisaría de Cipolletti".
La lectura de la sentencia se realizó sin inconvenientes y sólo cuando culminó el trámite hubo manifestaciones de protesta de parte de un grupo de asistentes a la audiencia.
Frente a las instalaciones del salón donde se conoció el veredicto se realizó un acto con fuertes críticas hacia el Tribunal.

Neuquén: 22 represores dirán sus últimas palabras antes de la sentencia por la "Escuelita II"


Los 22 represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura podrán pronunciar sus "últimas palabras", antes de que el Tribunal Oral Federal 1 defina cuándo dará a conocer la sentencia en el juicio la "Escuelita II".
El Tribunal Oral Federal 1 resolvió que los acusados tendrán la oportunidad de pronunciar las palabras finales antes de la sentencia, cuya fecha aún se desconoce.
Durante la jornada del martes las defensas públicas y particulares contestaron las réplicas del Ministerio Fiscal y las querellas pronunciadas el lunes.
Los planteos de las defensas no sumaron nuevos elementos a los argumentos ya esgrimidos y se reiteró el pedido de absolución de todos los acusados.
El ex médico militar Hilarión de la Pas Sosa, imputado en esta causa, no asistió a las audiencias esta semana debido a un problema de salud que obligó a su internación.
Por esa razón, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio de dos días para cumplir con el trámite de la última audiencia.
El debate se inició el 28 de marzo de este año por 39 víctimas que sufrieron secuestros y torturas en la comisaría de la policía de Río Negro, en Cipolletti, en la delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina, en la comisaría de la policía de Neuquén, en Cutral Co y en el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" del batallón militar de la capital provincial.

Mar del Plata: prisión perpetua para seis represores por crímenes de lesa humanidad

Seis represores fueron condenados a prisión perpetua por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, en el denominado “circuito represivo Mar del Plata-Necochea”.


Los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros condenaron a prisión perpetua al ex general Alfredo Manuel Arrillaga, los ex coroneles Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco y Jorge Luis Toccalino, el ex comodoro Ernesto Alejandro Agustoni y el ex vicecomodoro José Carmen Beccio.
En tanto, el ex coronel Fortunato Valentín Rezett fue condenado a 25 años de prisión; el ex comisario Néstor Orosco a 12 años y el ex subcomisario Héctor Francisco Bicarelli a 7 años.
En tanto, el ex comisario Héctor Carlos Cerutti; el ex oficial principal Mario Jorge Larrea y el ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Nicolás Miguel Caffarello a 5 años. Fueron absueltos el ex inspector Marcelino Blaustein y el ex subcomisario Aldo José Sagasti.
La lectura de la sentencia, cuyos fundamentos se darán a conocer el 29 de noviembre próximo, se inició a las 18.09 en el Tribunal Oral Federal, en el centro de Mar del Plata, donde los jueces revocaron además las prisiones domiciliarias de Arrillaga, Marquiegui, Blanco, Toccalino, Agustoni, Beccio, Rezett, Orosco y Cerutti.
A Arrillaga y Marquiegui se los condenó por dos homicidios doblemente calificados y 18 homicidios calificados premeditados al ser cometidos por dos o más personas, y privaciones ilegales de la libertad y tormentos a perseguidos políticos.
Blanco fue condenado por siete homicidios calificados al ser premeditados por dos o más personas, y privaciones ilegales de la libertad y tormentos a perseguidos políticos.
Tocallino fue condenado por dos homicidios doblemente calificados, 19 homicidios calificados al ser premeditados por dos o más personas, y privaciones ilegales de la libertad y tormentos a perseguidos políticos.
Agustoni y Beccio recibieron sentencia por dos homicidios doblemente calificados, 18 homicidios calificados al ser premeditados por dos o más personas, y privaciones ilegales de la libertad y tormentos a perseguidos políticos.
Rezett, Orosco, Cerutti, Larrea y Bicarelli fueron condenado por privaciones ilegales de la libertad y tormentos a perseguidos políticos.
En tanto, Cafarllo fue condenado por una privación ilegal de la libertad agravada y absuelto por los delitos de privación ilegal de la libertad con violencia y lesiones graves y de homicidio calificado, calificación esta con la cual el fiscal federal Daniel Adler había pedido una condena de prisión perpetua.
Sagasti y Blaustein fueron absueltos y el Tribunal dio por cumplida la pena de Larrea.
Debido a la escasa disponibilidad en el recinto la lectura del veredicto fue seguido desde afuera por representantes de organizaciones de Derechos Humanos, militantes de distintas agrupaciones políticas, periodistas y público en general, a través de una pantalla gigante.
Madres de Plaza de Mayo, Agrupación HIJOS Mar del Plata y La Plata y miembros de Atahualapa, Kolina, La Cámpora Mar del Plata, Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Partido Comunista, Partido Socialista de los Trabajadores, Nuevo MAS, Juventud PTS, Partido Comunista Revolucionario y JP Peronismo Militante se hicieron presentes.
En este juicio se ventilaron 85 casos ocurridos en la comisaría cuarta de Mar del Plata y el Centro Clandestino de Detención conocido como “La Cueva”; como así también en la comisaría primera y en la subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.
En la causa también estuvieron imputados el ex coronel Aldo Carlos Máspero y el ex oficial de policía Adriano Argüello, pero fueron apartados del debate por cuestiones de salud, y además lo estaba el ex suboficial mayor de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina, quien murió el 11 de julio pasado en el Hospital Militar de Buenos Aires.

Un fallo histórico abre la puerta para revisar la responsabilidad de los medios en la dictadura

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca ordenó al diario "La Nueva Provincia" entregar constancias documentales en relación a las publicaciones realizadas durante el período en que se ejecutaron los hechos juzgados, en la última dictadura cívico militar. Fue en el marco de la condena a prisión perpetua a 14 de los 17 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército. El fallo fue considerado histórico por juristas y organismos de derechos humanos, ya que “abre la puerta a la investigación de la responsabilidad de los medios en el Terrorismo de Estado”. El veredicto considera necesario "extraer testimonio de las constancias respecto de las publicaciones que daba cuenta el diario La Nueva Provincia de esta ciudad y remitirla al Juzgado Federal que por turno corresponda". Esto se hará, sostiene el tribunal, "a fin de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de dicho órgano de prensa en oportunidad de brindar información de supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos". La sentencia plantea además la posibilidad de constituir una causa por separado, para investigar lo actuado por el medio bahiense.

Un fallo histórico abre la puerta para revisar la responsabilidad de los medios en la dictadura

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca ordenó al diario "La Nueva Provincia" entregar constancias documentales en relación a las publicaciones realizadas durante el período en que se ejecutaron los hechos juzgados, en la última dictadura cívico militar. Fue en el marco de la condena a prisión perpetua a 14 de los 17 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército. El fallo fue considerado histórico por juristas y organismos de derechos humanos, ya que “abre la puerta a la investigación de la responsabilidad de los medios en el Terrorismo de Estado”. El veredicto considera necesario "extraer testimonio de las constancias respecto de las publicaciones que daba cuenta el diario La Nueva Provincia de esta ciudad y remitirla al Juzgado Federal que por turno corresponda". Esto se hará, sostiene el tribunal, "a fin de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de dicho órgano de prensa en oportunidad de brindar información de supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos". La sentencia plantea además la posibilidad de constituir una causa por separado, para investigar lo actuado por el medio bahiense.

Buscan a 33 represores y el Gobierno ofrece recompensas por datos sobre su paradero


Con la detención hace una semana del represor Miguel Angel Chiarello, ahora son 33 los prófugos acusados por violaciones a los DD.HH. durante la dictadura por los cuales el Gobierno ofrece recompensas que van desde los $100.000 hasta los $300.000 para quien aporte datos.
El 21 de mayo pasado el Ministerio de Justicia incluyó en el listado de buscados a Juan Miguel Wolk por quien ofrece una recompensa de 100.000 pesos para quien aporte datos sobre el paradero del represor, que se fugó del arresto que cumplía en su casa.
En tanto, el 3 mayo ofreció recompensas de 100.000 pesos para quienes brinden datos del paradero de represores los represores Juan Francisco Del Torchio, Eduardo Daniel Cardozo, Jorge Horacio Páez, Juan Carlos Coronel y Eduardo Daniel Vic, acusados de delitos de lesa humanidad en San Juan.
En tanto, continúa la busqueda de Fernando Alberto Otero y Raúl Arturo Viglizzo, por los que ofrece, en cada caso, 300.000 pesos.
El Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, dispuso el procesamiento de los acusados a fines de 2010.
Por otra parte, uno de los más buscados, y por quien se ofrecen 100.000 pesos, es el ex marino Jorge Raúl Vildoza, alias Gastón, quien actuó en la ESMA.
También es buscada su compañera, la rosarina Ana María Grimaldos, por quien se ofrecen 100.000 pesos, en la causa: “Vildoza, Jorge Raúl y otros s/ supresión del estado civil de un menor…”
En tanto, siguen siendo buscados, y se ofrece una recompensa de 100.000 pesos, en cada caso, los represores César Heriberto Peralta, Antonio Tuttolomundo y Carlos Gabriel Isach, todos ellos investigados en causas que tramita el juzgado federal 4 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Bailaque.
Por otra parte, se ofrece una recompensa de 200.000 pesos por datos que permitan detener a Eduardo Salvador Ullua, ex miembro de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria que actuó en Mar del Plata y que después del golpe de Estado se integró al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército.
En tanto, se ofrece una recompensa de 100.000 pesos, en cada caso, para dar con el paradero de Miguel Ángel Amigo, Ricardo Luis Von Kyaw y Teodoro Aníbal Gauto en la causa “Arias Duval, Alejandro Agustín; Di Pasquale, Jorge Héctor; Romero Pavón, Carlos María y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores”.
También se ofrece una recompensa de 100.000 pesos para detener a Horacio Rafael Domato en la causa “Carrillo, Fausto Augusto y otros s/ desaparición forzada de personas”.
Otros 100.000 pesos se ofrecen para capturar a Faustino Sergio Escande Lobos, en la causa “Santillán, Carlos Benjamín; Santillán, Benjamín; Lanzillotto, María Cristina; San Martín, Pedro José –sus privaciones ilegales de la libertad, torturas y desaparición forzada de personas”.
También se ofrecen 100.000 para ubicar a Ricardo Joaquín Molina en la causa "Investigación de Delitos de Lesa Humanidad (Armada Argentina)".
Cien mil pesos se ofrecen también para detener a José Darío Mazzaferri en la causa "Román César Manuel s/Denuncia".
También se ofrecen 100.000 pesos para ubicar a Pedro Osvaldo Salvia y Roberto Oscar González, en la causa "Acosta, Jorge Eduardo..." Damnificado: Walsh, Rodolfo Jorge (testimonios "C").
También se busca a Gonzalo Sánchez y Juan Carlos Linarez, con una recompensa de 100.000 pesos en cada caso, en la causa "ESMA s/delito de acción pública" y "Acosta, Jorge Eduardo y otros s/privación ilegal de la libertad".
La justicia pidió también la captura y se ofrece una recompensa de 100.000 pesos por Juan Carlos Vázquez Sarmiento, en la causa "Juan Carlos, Vazquez Sarmiento y otros s/ sustracción de menores".
También se ofrecen 100.000 pesos por datos que den con el paradero de Fernando Federico Delgado, en la causa "Delgado Fernando-Cafarello Nicolás s/presunta infracción al Derecho de Gentes".
El represor Héctor Mario Schwab también es buscado y se ofrecen 100.000 pesos de recompensa, en la causa "Menéndez, Luciano, Bussi, Antonio y otro s/ Privación ilegítima de la libertad y otros delitos en perjuicio de Carlos Alberto Rocha".
También se ofrecen 100.000 pesos por datos de Aldo Mario Alvarez en la causa "investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional de Comando VI. Cuerpo del Ejército".
Por el paradero de Roberto Díaz se ofrecen 100.000 pesos y la misma recompensa se ofrece por Omar Noce, en el expediente caratulado “Sambuelli, Danilo Alberto y otros s/pta. Inf.art. 142 inc. 1°).
También se ofrecen 100.000 pesos por el paradero de Miguel Angel García Moreno, e igual suma por Juan Carlos Jesús Benedicto, en el expediente caratulado “Incidente de captura de prófugo Juan Carlos Benedicto en la causa Arsenal Miguel de Azcuénaga CCD s/ secuestros y desapariciones”.

Detienen a un ex gendarme que estaba prófugo en una causa por delitos de lesa humanidad


Un ex gendarme prófugo acusado en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Rioja durante la última dictadura militar fue detenido en Buenos Aires.
Se trata de Miguel Ángel Chiarello, sobre quien pesaba una orden de captura emitida el 28 de abril de 2010 por el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, informaron fuentes judiciales.
Chiarello, gendarme retirado de 62 años, está imputado en la causa N° 1828/2000, caratulada: “Menéndez, Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación de domicilio”.
Bajo las directivas del juzgado federal de La Rioja, personal de la Subdelegación Concordia de la Policía Federal y el Departamento  Interpol, Sección Extradiciones, lo detuvo el sábado pasado en la localidad bonaerense de Quequén, partido de Necochea.
La captura de Chiarello se logró luego de dos años de tareas de investigación, intervenciones telefónicas y entrecruzamientos de información como migraciones, informó el Juzgado.
Chiarello fue detenido frente al domicilio de Calle 519 Nº 1121 de la localidad de Quequén.
Tras su detención, el ex gendarme fue puesto a disposición del juez federal de la ciudad de Necochea, Bernardo Bibel, quien dispuso el alojamiento de Chiarello, por razones de seguridad, en la Delegación Mar del Plata de Policía Federal, hasta tanto se cumplan las medidas procesales para efectivizar su traslado a la ciudad de La Rioja.
Miguel Ángel Chiarello, que en el centro clandestino de detención riojano era conocido por el alias de “Pantera Rosa”, cumplía funciones en el Escuadrón 24 “Chilecito” de Gendarmería Nacional, juntamente con otro imputado detenido, el entonces alférez de Gendarmería Eduardo Abelardo Britos, quien también se encontraba prófugo en esta causa y fuera capturado y extraditado desde Paraguay.
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