La Justicia española reabrirá la causa por la muerte de un argentino, integrante del movimiento "Okupa", ocurrida en la ciudad española de Girona, ante la posibilidad de que haya existido negligencia policial.
La decisión fue tomada por la Sección Tercera (Penal) de la Audiencia de Girona, que reabrió la investigación de la muerte de
Juan Pablo Torroija (41), ocurrida en julio pasado en una comisaría municipal.
El 2 de agosto, la jueza de Instrucción 4 de esa provincia, Gemma Garces Sesé, dispuso el "sobreseimiento libre" al considerar que el "okupa" argentino se había suicidado y que los hechos ocurridos "no son constitutivos de delito".
El abogado de la familia Torroija, Benet Salellas, detalló hoy a Télam que fue notificado días atrás de la resolución y que en enero comenzarán a presentar las nuevas pruebas en el expediente.
Según el letrado, la familia apunta a establecer penalmente la responsabilidad de los policías que estaban a cargo de Torroija cuando se colgó en uno de los calabozos de la comisaría de Girona.
El hecho sucedió el 11 de julio, cuando el "okupa" y un conocido fueron detenidos en la calle y trasladados a la seccional.
Torroija apareció colgado en su celda y fue llevado al Hospital Municipal de Girona, donde tres días después, el 14, murió.
Salellas contó que se pretende demostrar la "negligencia policial", ya que en las imágenes grabadas en los calabozos surge que Torroija había intentado ahorcarse antes de concretar su propósito una hora más tarde, no obstante nadie lo impidió.
Siempre según el letrado, el "okupa" fue alojado en una celda y, con su propia camisa, intentó ahorcarse, lo que fue impedido por un policía de la seccional.
Menos de una hora después, Torroija, con la misma camisa, volvió a colgarse en la misma celda y sin que nadie lo impidiera, según surge de las imágenes de video aportadas a la Justicia.
"Luego de la investigación judicial que se archivó, nosotros impusimos un recurso ante la Audiencia Provincial pidiendo que la investigación continuara porque entendemos que hay indicios de delito. Hay que tirar para adelante e investigar la actuación policial hasta llegar a un juicio penal por negligencia y omisión en la custodia", explicó el abogado a Télam.
Salellas agregó que, inicialmente, al aportarse a la causa el video en el que se ve que Torroija se cuelga de los barrotes de la celda, la jueza de primera instancia cerró el expediente por ausencia de delito, aunque en análisis posterior y más exhaustivo de las imágenes, se descubrió que había habido un intento previo.
"No entendemos cómo, ante un primer intento, se lo deja en las mismas condiciones, en el mismo lugar sin vigilancia. Además, luego, queda veinte minutos colgado hasta que alguien va a sacarlo", agregó.
Según la resolución de la Audiencia de Girona, "el examen de las diligencias y, especialmente de las imágenes grabadas en la celda y los pasillos de la zona de custodia, evidencia como a las 3.07 horas Juan Pablo Torroija Domínguez se ata la camisa al cuello y parece que a la puerta o barrotes de la puerta de la celda, tratándose de la misma mecánica utilizada a las 3.33 para quitarse la vida".
Y agrega: "A las 3.33 Torroija Domínguez inicia las maniobras para suicidarse atándose al cuello la camisa y no es hasta las 3.52 cuando entran dos agentes en la celda y le prestan auxilio".
Según los jueces de la Audiencia, en una yuxtaposición de imágenes tomadas por dos cámaras de la dependencia, se ve que en la primera oportunidad "un agente de la policía local habla con el detenido y éste desiste de su intento suicida".
"Si esto es así, y efectivamente el agente fue consciente de la existencia de un previo intento de suicidio, tal circunstancia debería haber determinado que se adoptaran las medidas necesarias o se extremara la vigilancia del detenido para evitar que volviera a tratar de quitarse la vida", añade la resolución a la que accedió Télam.
"Por otro lado -agrega el fallo- desde que desistió del primer intento de suicidio hasta que entraron los agentes en la celda para asistirle, transcurrieron unos 43 minutos, sin que conste que se efectuara control o vigilancia alguna del detenido (...) desconociéndose cuáles son los protocolos a seguir en el control de los detenidos en las celdas".
El escrito concluye que "no apareciendo descartado que se hubiera podido producir una omisión de las cautelas debidas en la custodia y vigilancia del detenido que pudiera haber evitado un resultado fatal de previsible concurrencia, es necesario esclarecer totalmente las causas que rodearon al suicidio".
Por tal motivo, la Audiencia dispuso que se practiquen las diligencias de prueba propuestas por los abogados de la familia del fallecido y que se deje sin efecto el sobreseimiento libre acordado por la Justicia de primera instancia.
Entre las pruebas requeridas por el letrado de la familia Torroija figuran una ampliación de la autopsia, un informe sobre los estudios toxicológicos realizados al cadáver, que se cite a declarar a los policías que detuvieron a Torroija y al guardia que intervino en las maniobras de reanimación.
También solicitó que declare el joven que fue detenido junto a la víctima, Mauro Zorzín, quien, según la policía, ocupaba la celda contigua cuando murió su compañero.
