La revelación de estos vínculos se produjo cuando faltan pocas semanas para el 7 de diciembre, fecha límite fijada por la Corte Suprema de Justicia para la adecuación a la normativa por parte de los medios que exceden la cantidad de licencias permitidas.
El artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la que establece la adecuación, por lo que el Grupo Clarín presentó una medida cautelar y hasta denunció la “inconstitucionalidad” de la norma sancionada por el Congreso hace tres años.
En relación al vínculo entre el magistrado y el Grupo Clarín, el gobierno denunció que De las Carreras, integrante de la Sala I de la cámara Civil y Comercial que debe intervenir en los pedidos de inconstitucionalidad del Grupo Clarín, participó de la cumbre de mayo de este año invitado por la empresa.
El magistrado intentó una desmentida que no hizo más que confirmar la denuncia: en un escrito de cuatro páginas intentó desligar al multimedios y señaló que concurrió a la Cumbre invitado, con gastos pagos, por el Centro de Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (CERTAL).
A pesar de que CERTAL se presenta como un centro de estudios “independiente”, entre sus directivos figuran varias de las autoridades del Grupo Clarín, entre otros grandes grupos de medios latinoamericanos.
En el caso de la Cumbre, además, fue auspiciada, entre otros, por Cablevisión; la empresa más fuerte del multimedios argentino, y por la empresa CAPSA, cuyo principal directivo es Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín.
Entre los integrantes de CERTAL también figura, entre los “director titular” Hernán Verdaguer, gerente de Asuntos Regulatorios del Grupo Clarín y, a su vez, director titular del Consejo Directivo de la organización.
Otro caso representativo de la incidencia del multimedios en esa organización es el del presidente de la Comisión de Piratería de esa entidad, Santiago Piris, quien en las notas subidas al propio portal del Centro aparece sindicado como “abogado-Cablevisión”.
Otro vínculo entre Clarín y CERTAL, la entidad que financió el viaje de De las Carreras, es Walter Burzaco, quien figura en la comisión de Asuntos Públicos y Regulación, como director.
Burzaco preside la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) que tiene como función la representación institucional de las empresas y otras asociaciones que conforman la industria del cable argentino: de allí su estrecho vínculo con ARTEAR y la productora PRAMER, empresas del rubro audiovisual que domina el Grupo Clarín.
En CERTAL coinciden, además, todos estos empresarios con la Coordinadora General para la Argentina es la hija del camarista y consejero de la Magistratura Ricardo Recondo.
Recondo, por su parte, fue uno de los principales oradores de la cumbre y sobre él pesa la sospecha de haber impulsado la designación a dedo de los jueces subrogantes en el juzgado Civil y Comercial donde radican las denuncias de Clarín contra la ley de medios.
A todas estas conexiones, el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes, quien también integra el Consejo de la Magistratura, agregó en la última semana que "el presidente del capítulo argentino de CERTAL es Alejandro Harrison, que es el presidente de Pramer, una empresa del Grupo Clarín”.
El senador Fuentes también indicó que "el responsable de Relaciones Institucionales de CERTAL en Argentina es Juan Mahiques, hijo del camarista Carlos Mahiques, quien fue panelista de la reunión en Miami".
En referencia a todos los nexos observados, el legislador analizó que "todo este grupo CERTAL es un grupo de lobby. Lo que no se entiende es qué hace la Cámara (del fuero civil y comercial) en pleno asistiendo a ese Congreso".
En el marco de las irregularidades detectadas, el gobierno realizó en las últimas horas una presentación ante la Procuración General de la Nación en la que solicitó que se investigue el posible delito de "recepción de dádivas" por parte del juez de las Carreras.
En ese sentido, el ministro de Justicia, Julio Alak, informó que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, impulsó una investigación penal sobre el juez -integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial- recusado en la causa por la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios.
Según explicó el titular de la cartera de Justicia, la conducta del juez De las Carreras "no es una irregularidad ética sino que configura un hecho penal, que contempla penas de entre 4 y 12 años de prisión".
