Con la sanción de las leyes de muerte digna y de identidad de género, el Gobierno avanzó en la institucionalización de nuevos derechos que el kirchnerismo legará a una sociedad que, cuando Cristina Fernández concluya su mandato, no será tan conservadora como la que encontró Néstor Kirchner en 2003.
El derecho a rechazar terapias para mantener con vida a pacientes terminales y el que permite cambiar nombre, sexo e imagen en el documento de identidad, constituyen un nuevo aporte a la eliminación de prejuicios, en una dirección que tuvo su punto más alto en la sanción de la ley que habilitó el matrimonio igualitario.
El kirchnerismo barrió verdades reveladas en materia de política económica como las que indicaban que la Argentina debía seguir sometida a los designios del Fondo Monetario Internacional (FMI) o la que indicaba que el Estado debía seguir ocupando un papel secundario frente al mercado.
La recuperación del 51 por ciento de las acciones de YPF constituyó uno de los puntos culminantes en la carrera de reposición del Estado, que incluye la recuperación de los fondos jubilatorios, el servicio de agua corriente, del correo y la fábrica de aviones de Córdoba.
El estado ausente de los 90 fue suplantado por medidas de control que intentan equilibrar los excesos del mercado sobre toda la sociedad, pero que recaen especialmente sobre los sectores más vulnerables.
En cada uno de los casos, la acción transformadora de la política debió enfrentar corporaciones que se aferran a viejos privilegios en materia económica, aunque tienen un notable impacto cultural, como es el caso de la ley de medios audiovisuales que aún mantiene resistencias en la justicia.
La corporación rural dio esta semana otra muestra de su intolerancia a aportar con impuestos a una mejor distribución de las riquezas, al rechazar tumultuosamente en la legislatura platense, una revaluación impositiva para campos que pagan menores impuestos que un automóvil mediano.
Va ser peor que la 125”, amenazó el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, aferrado a una columna de la legislatura bonaerense. Pocos creen que sea “peor”, pero lo cierto es que los ruralistas se movieron con métodos y, sobre todo, con razones parecidas: no pagar tributos.
Tras el boom de la soja, la cotización promedio de mercado de una hectárea en las fértiles praderas bonaerenses ronda hoy los 10 mil dólares, pero luego de 20 años sin reajustes, el valor fiscal no supera los 250 dólares, con lo cual el impuesto que pagan es exiguo.
Los tiroteos por los ingresos entre el estado y las corporaciones constituyen en realidad hechos que resultan previsibles durante la gestión de un gobierno peronista. Pero parece aún más innovador que desde el movimiento fundado por Juan Domingo Perón se avance en el establecimiento de derechos como el matrimonio igualitario, la normativa de salud reproductiva y de aborto no punible, la educación sexual, la identidad de género y la muerte digna.
El fundador de uno de los mayores movimientos de masas de América latina se enfrentó en los 50 con la Iglesia y promovió la ley de divorcio que fue derogada tras el golpe de Estado del 16 de setiembre de 1955. Los argentinos debieron esperar tres décadas para contar con un derecho vigente en casi todo el mundo occidental, instituido bajo el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.
Pero ni el presidente radical, ni Carlos Menem, ni Fernando de la Rúa avanzaron del modo que lo hizo el kirchnerismo en el establecimiento de derechos progresistas, ajenos al pensamiento de la Iglesia católica.
En su camino hacia la constitución de una sociedad más abierta, Néstor Kirchner se enfrentó con la jerarquía eclesiástica por su política de derechos humanos, cuestionó al vicario castrense, sostuvo resonantes desencuentros con el arzobispo Jorge Bergoglio, rehuyó el boato de los tedeum en la catedral cada 25 de Mayo y apuntaló a su ministro de Salud, Ginés González García, que repartió profilácticos ante el horror de los sectores más conservadores.
El presidente muerto tenía claro su voluntad transformadora no sólo en materia económica sino cultural y marcó un camino continuado luego por Cristina Fernández. Cuando concluyó la votación de la ley de matrimonio igualitario, el entonces diputado Néstor Kirchner, le dijo al jefe de su bancada, Agustín Rossi: “Para constituir una fuerza progresista hay que incorporar a las minorías”. Y en eso sigue su sucesora.
