En tanto, la asociación TGD Padres manifestó su rechazo a la resolución porteña 3773/11, que reglamenta la figura del "acompañante personal no docente" por "discriminatoria".
Respecto de la reglamentación porteña que actualmente sólo autoriza el ingreso de Acompañantes Personales No Docentes a escuelas estatales para niños/as con TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo), explicaron que "excluye a niños/as con otra discapacidad que también requieren este apoyo".
La resolución en sí misma estipula el reglamento del "Acompañante personal no docente" que debe asistir al niño, con lo que se le quita el rango de "maestro integrador" con todo lo que eso supone, por ejemplo, facultades para modificar las currículas del niño en particular, según el caso.
Esta adaptación es fundamental en niños a integrar y son la base del éxito de su inclusión.
En tanto, padres de niños con discapacidad se quejan también de que "ahora la escuela deja entrar a un integrador pero a la vez se desvincula de su trabajo y de las obligaciones respecto a esa persona, partiendo desde su elección hasta sus haberes".
Cristina López, madre de un niño con TGD, destacó que "si tenemos en cuenta que a la escuela pública asisten muchas personas que no pueden afrontar pagos, es lógico que tampoco puedan pagar obras sociales o prepagas que se hagan cargo económicamente del integrador" con lo cual "esta aparente inclusión en realidad deja un vacío para los que no cuentan con recursos".
La resolución porteña fue publicada en 2011 pero hasta el momento todavía existen casos de niños que ni siquiera pueden tener su integrador bajo esas condiciones.
Claudia Arrazabal tiene un niño de 8 años que va a la escuela 9 del Distrito Escolar 19 y contó a Télam que "todo este año mi hijo no tuvo maestro integrador, ni siquiera acompañante no docente".
"Este año para él está perdido, si bien su trastorno le permite integrarse con chicos comunes necesita asistencia continua y eso fue presentado junto con todos los papeles, incluso los datos del maestro integrador que teníamos por obra social, pero no lo aceptaron", explicó.
"No sólo ponen trabas sino que hasta nos tratan mal cada vez que volvemos sobre el tema. Hicimos la denuncia en el Distrito Escolar pero todavía mi hijo sigue sin ser integrado, y lo más triste es que es por causas administrativas o de gestión, y no porque él no esté en condiciones", dijo resignada Larrazábal.
El derecho a la integración, que fue incluído en la reforma educativa desarrollada por el ex ministro Daniel Filmus, está también explicitado en la Convención por los Derechos de las Personas con discapacidad ratificada por nuestro país en 2008.
