El radicalismo atraviesa un fuerte debate interno sobre cuál deberá ser el marco de alianzas del partido de cara al 2015. Mientras el alfonsinismo pugna por sellar un acuerdo con el socialismo, otro sector es proclive a un entendimiento con el PRO, de Macri.
La foto que mostró juntos a los ex candidatos presidenciales Ricardo Alfonsín y Hermes Binner la semana pasada en Sudáfrica, en el marco del XXIV Congreso de la Internacional Socialista (IS), renovó las especulaciones en torno a que ambas fuerzas vuelvan a explorar la posibilidad de un acuerdo electoral.
"Están dadas la condiciones" para que la UCR y el socialismo alcancen un acuerdo electoral de cara al 2015, había señalado Alfonsín días atrás en declaraciones a Télam, en devolución al gesto de acercamiento enviado por Binner, quien aseveró que un entendimiento político-electoral con la UCR "depende del radicalismo".
El año pasado, socialistas y radicales coquetearon con la idea de constituir un frente para los comicios presidenciales de octubre, pero el acuerdo entre la UCR y el peronista disidente, Francisco de Narváez, hizo naufragar esa posibilidad.
"Nunca he desistido de la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el socialismo, desde el ´83 venimos intentándolo y no lo pudimos concretar; pero seguimos trabajando para que se pueda hacer una alianza de esas características", afirmó Alfonsín.
Con todo, Alfonsín advirtió que un eventual frente junto al socialismo dependerá de lo que "decidan institucionalmente" ambos partidos y que deberá realizarse sobre "coincidencias programáticas" y no en base a "coyunturas electorales".
No obstante, el titular del Comité Nacional de la UCR, Mario Barletta, ya adelantó que el radicalismo enfrentará los comicios legislativos del año próximo con lista propia y que el partido "respetará" los acuerdos locales.
Pese a las definiciones de Binner, algunas de las fuerzas que integran el Frente Amplio Progresista (socialismo, GEN, Unión Popular, Frente Cívico y Libres del Sur), resisten la idea de un eventual acercamiento con el partido de Alem.
"No está en la cabeza del FAP la decisión de acordar con el radicalismo; las estructuras de la UCR y el PJ no forman parte del proyecto del Frente, lo que no significa que no puedan sumarse radicales o peronistas", afirmó la diputada Liliana Parada, de Unión Popular, que encabeza Víctor de Gennaro, a Télam.
Margarita Stolbizer(GEN), en cambio, dejó abierta esa posibilidad y afirmó que desde el FAP "tenemos un diálogo natural con el radicalismo en general y con Alfonsín en particular", y advirtió que "los acuerdos para nosotros siempre son de base programática".
"Nos imaginamos en el 2015 formando parte de un frente que sea mucho más grande de lo que somos ahora", porque "todos los que tenemos principios y valores comunes y programas más o menos comunes tenemos que estar juntos", remarcó.
En declaraciones a esta agencia, la diputada nacional aclaró que "es imposible tener una definición precisa, única" sobre eventuales acuerdos para competir el año próximo, y añadió que en cada distrito, el FAP "va a definir de acuerdo a sus realidades internas".
Por otra parte, la estrategia electoral del PRO de intentar ampliar su base territorial sumando dirigentes de otras fuerzas, en particular, del radicalismo, produjo una fuerte polémica al interior del más que centenario partido.
Mientras algunos dirigentes, como Oscar Aguad, Julio Cobos y Ernesto Sanz, se muestran proclives a entablar conversaciones con el PRO, el alfonisismo descartó de plano confluir con esa fuerza de centro-derecha.
"Es imposible" un acuerdo con el PRO, señaló Alfonsín, quien acusó a Mauricio Macri de "intentar cooptar algún dirigente radical".
"Si hablamos de respetar las instituciones, hay que respetar todas las instituciones", disparó luego del encuentro que mantuvieron el jefe de gobierno porteño y un grupo de dirigentes radicales, encabezados por el diputado nacional, Ricardo Gil Lavedra.
Con un peso territorial sustentado en los más de 500 intendentes que tiene diseminados por todo el país, ostentando la primera minoría parlamentaria, pero sin un liderazgo claro, la UCR atraviesa un fuerte debate interno en torno al perfil opositor del partido y el marco de alianzas que deberá establecer de cara a los comicios de medio término y las presidenciales del 2015.
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El acuerdo entre Colombia y las FARC establece que la paz “es obligación de ambas partes”
De ese acuerdo, que la prensa viene revelando de a tramos, el presidente Juan Manuel Santos dará detalles probablemente antes de fin de semana, según medios bogotanos.
El texto firmado en La Habana el lunes contiene seis aspectos: política de desarrollo agrario integral; participación en política; fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas y reparación; e implementación, verificación y refrendación del eventual acuerdo.
El documento, que empezó a ser discutido en febrero, señala que la paz "es una obligación de ambas partes" y establece algo que ya había trascendido el mismo lunes: que la mesa de diálogo se instalará en octubre en Oslo, capital noruega, pero que su sede principal será La Habana, aunque podrá sesionar en otros países.
El texto compromete a las partes a "poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera" e "iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas".
También afirma que se desarrollarán conversaciones "con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes" y que "de acuerdo con las necesidades del proceso, se podrá de común acuerdo invitar a otros".
Caracol Radio aseguró, en tanto, que las conversaciones se iniciarían "sin un cese de hostilidades entre las partes y sin cese al fuego", aunque no citó fuentes.
La cadena bogotana RCN y la venezolana Telesur revelaron el lunes que las partes acordaron instalar la mesa de diálogo tras una fase de conversaciones preliminares en las que participaron Alejandro Éder, consejero presidencial para la Reintegración, y Rodrigo Granda, del equipo de relaciones internacionales de las FARC.
Luego se sumaron el consejero para la seguridad nacional, Sergio Jaramillo, y el ministro de Ambiente, Frank Pearl, así como Jaime Parra, alias "Mauricio Jaramillo" o "El Médico", de la cúpula de mando de las FARC, y Jesús Carvajalino, alias "Andrés París", otro alto jefe de ese grupo.
Bajo el título "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", el texto señala que en la mesa podrán participar "hasta 10 personas" por cada parte, aunque cada delegación podrá estar formada por hasta 30 miembros.
A raíz de las insistentes versiones de prensa sobre contactos entre las partes, el presidente Santos admitió el lunes por la noche que su gobierno había tenido acercamientos con la guerrilla en busca de un proceso de negociaciones que acabe con el conflicto armado interno que ya lleva cinco décadas.
Además, aún con reservas, también el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda organización del país, adelantó que podría sumarse a las conversaciones.
La fuerte jugada del Ejecutivo de Santos recogió un marcado respaldo de casi todos los sectores y algunas críticas aisladas, entre ellas la del ex mandatario Alvaro Uribe, vuelto un acérrimo opositor a Santos.
De ese acuerdo, que la prensa viene revelando de a tramos, el presidente Juan Manuel Santos dará detalles probablemente antes de fin de semana, según medios bogotanos.
El texto firmado en La Habana el lunes contiene seis aspectos: política de desarrollo agrario integral; participación en política; fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas y reparación; e implementación, verificación y refrendación del eventual acuerdo.
El documento, que empezó a ser discutido en febrero, señala que la paz "es una obligación de ambas partes" y establece algo que ya había trascendido el mismo lunes: que la mesa de diálogo se instalará en octubre en Oslo, capital noruega, pero que su sede principal será La Habana, aunque podrá sesionar en otros países.
El texto compromete a las partes a "poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera" e "iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas".
También afirma que se desarrollarán conversaciones "con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes" y que "de acuerdo con las necesidades del proceso, se podrá de común acuerdo invitar a otros".
Caracol Radio aseguró, en tanto, que las conversaciones se iniciarían "sin un cese de hostilidades entre las partes y sin cese al fuego", aunque no citó fuentes.
La cadena bogotana RCN y la venezolana Telesur revelaron el lunes que las partes acordaron instalar la mesa de diálogo tras una fase de conversaciones preliminares en las que participaron Alejandro Éder, consejero presidencial para la Reintegración, y Rodrigo Granda, del equipo de relaciones internacionales de las FARC.
Luego se sumaron el consejero para la seguridad nacional, Sergio Jaramillo, y el ministro de Ambiente, Frank Pearl, así como Jaime Parra, alias "Mauricio Jaramillo" o "El Médico", de la cúpula de mando de las FARC, y Jesús Carvajalino, alias "Andrés París", otro alto jefe de ese grupo.
Bajo el título "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", el texto señala que en la mesa podrán participar "hasta 10 personas" por cada parte, aunque cada delegación podrá estar formada por hasta 30 miembros.
A raíz de las insistentes versiones de prensa sobre contactos entre las partes, el presidente Santos admitió el lunes por la noche que su gobierno había tenido acercamientos con la guerrilla en busca de un proceso de negociaciones que acabe con el conflicto armado interno que ya lleva cinco décadas.
Además, aún con reservas, también el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda organización del país, adelantó que podría sumarse a las conversaciones.
La fuerte jugada del Ejecutivo de Santos recogió un marcado respaldo de casi todos los sectores y algunas críticas aisladas, entre ellas la del ex mandatario Alvaro Uribe, vuelto un acérrimo opositor a Santos.
Los asesores Jaramillo y Eder afirmaron hoy que entregarán en los próximos días a Santos un informe detallado sobre los alcances de las primeras conversaciones, y se descuenta que luego el mismo presidente dará detalles del inminente proceso.
Este martes, en Cartagena de Indias, Santos volvió a defender su decisión de dialogar con la guerrilla: "¿Se imaginan como sería una Colombia en paz? Nuestras generaciones no han vivido un sólo día de paz, y quiero que las nuevas generaciones sí lo vean y gocen un país".
El fiscal general Eduardo Montealegre, en tanto, aseguró que en un eventual proceso de paz el llamado Marco Jurídico para la Paz -en estudio en el Congreso- le da a Santos "un margen de negociación jurídica".
El diario El Tiempo señaló, en su sitio web, que la intención es que el Congreso apruebe en octubre el proyecto de ley estatutario que active el marco jurídico, fecha a partir de la cual se contaría con un plazo de 4 años para desarrollarlo en su integridad.
Las FARC, activas desde 1964, protagonizaron ya frustrados procesos de paz con los gobiernos de los presidentes Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002).
Los asesores Jaramillo y Eder afirmaron hoy que entregarán en los próximos días a Santos un informe detallado sobre los alcances de las primeras conversaciones, y se descuenta que luego el mismo presidente dará detalles del inminente proceso.
Este martes, en Cartagena de Indias, Santos volvió a defender su decisión de dialogar con la guerrilla: "¿Se imaginan como sería una Colombia en paz? Nuestras generaciones no han vivido un sólo día de paz, y quiero que las nuevas generaciones sí lo vean y gocen un país".
El fiscal general Eduardo Montealegre, en tanto, aseguró que en un eventual proceso de paz el llamado Marco Jurídico para la Paz -en estudio en el Congreso- le da a Santos "un margen de negociación jurídica".
El diario El Tiempo señaló, en su sitio web, que la intención es que el Congreso apruebe en octubre el proyecto de ley estatutario que active el marco jurídico, fecha a partir de la cual se contaría con un plazo de 4 años para desarrollarlo en su integridad.
Las FARC, activas desde 1964, protagonizaron ya frustrados procesos de paz con los gobiernos de los presidentes Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002).
Histórico acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC en busca de la paz
Las partes convinieron en La Habana iniciar negociaciones a partir del 5 de octubre próximo en Oslo. El presidente Juan Manuel Santos anunciaría los puntos acordados en las próximas horas.
El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron iniciar un dialogo por la paz para poner fin al conflicto armado que comenzó hace más de medio siglo, según consignó la señal de noticias Telesur.
El acuerdo se alcanzó en La Habana, Cuba, y daría su primer paso el 5 de octubre próximo, cuando las partes se reúnan en Oslo, Noruega, informó la colombiana Radio Cadena Nacional.
La emisaro también indicó que las negociaciones tendrían seis puntos básicos, entre los que se encuentran la desmovilización de los combatientes guerrilleros, el cese de las hostilidades y la entrega de armamentos, temas que había frustados intentos de acuerdo anteriores.
El presidente Juan Manuel Santos daría detalles del acuerdo en las próximas horas, según señaló a la Agencia Venezolana de Noticias el director de información de Telesur, Jorge Enrique Botero.
El diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla comenzó con reuniones reservadas celebradas en mayo pasado en la ciudad de La Habana, donde actuaron como facilitadores representantes de los gobiernos de Noruega, Venezuela y Cuba.
Participaron de la mesa de negociación en representación de las FARC el comandante guerrillero Mauricio, más conocido como El Médico, Rodrigo Granda, Marcos Calarcá y Andrés París.
El gobierno colombiano estuvo representado por el Consejero para la Seguridad, Sergio Jaramillo; el ministro del Medio Ambiente, Frank Pearl y Enrique Santos Calderón, hermano del presidente.
El punto incial del actual proceso de negociación estaría en la reunión que el presidente Juan Manuel Santos mantuvo con su par venezolano Hugo Chávez en agosto de 2010 para normalizar la relación entre ambos países suramericanos.
Entre los acuerdos establecidos en la llamada cumbre de Santa Marta, se creó un mecanismo de cooperación para abordar los problemas fronterizos y prevenir la presencia de grupos armados en la frontera. Allí Chávez también se comprometió a coloborar en un entendimiento entre el gobierno y la insurgencia.
El último intento de llegar a un acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC se llevó a cabo entre 1998 y 2002 en San Vicente del Caguán, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana.
El Frente Amplio Progresista condiciona un acuerdo con el radicalismo de cara al 2013
El FAP puso condiciones a un eventual acuerdo con el radicalismo para los comicios del año próximo y argumentó que primero la UCR debe atravesar un "debate interno y definir si ocupará un espacio de centroizquierda o de centroderecha".
"Habrá que ver cuál será el alineamiento definitivo de la UCR", declaró a Télam Juan Carlos Zabalza, jefe del bloque socialista de la Cámara de Diputados y mano derecha del líder del FAP Hermes Binner.
Zabalza opinó que el frente y el radicalismo podrían "marchar juntos" sólo si la UCR reivindica un "pensamiento progresista común al acuerdo programático del FAP" y consideró esa posibilidad como una "alternativa abierta".
Si bien Binner deja siempre la puerta abierta al diálogo con el radicalismo, varios dirigentes del FAP rehuyen en voz baja de un acuerdo "con la estructura partidaria de la UCR que pactó con el peronismo de Francisco De Narváez".
De hecho, el año pasado, al conocerse las primeras señales de lo que luego fue el acuerdo electoral entre Ricardo Alfonsín y De Narváez en la provincia de Buenos Aires se congelaron los coqueteos entre socialistas y radicales.
"No podemos acordar con una UCR que fue con el macrismo a abrazar Tribunales; no es sólo una cuestión ideológica, sino de práctica política; mientras ése sea el rumbo del radicalismo es difícil un acuerdo", expresó, contundente, el diputado Claudio Lozano.
Es que, a su entender, los fracasos estratégicos de otras expresiones de centroizquierda, como el ARI y el Frepaso, obedecieron a que esas fuerzas "subordinaron su propia construcción a viejas estructuras", sin anteponer lo programático.
En diálogo con Télam, Lozano aclaró: "No tenemos inconveniente en conversar ni con radicales, ni con peronistas, en el marco siempre de consolidar primero nuestra propia fuerza".
"Por ahora es muy difícil, por lo menos hasta que la UCR resuelva sus propias contradicciones, aunque no cerramos la puerta a ningún acuerdo, ni nacional ni provincial", coincidió Humberto Tumini, titular del Movimiento Libres del Sur, integrante del FAP.
Lo cierto es que el frente tiene por delante el desafío de ampliar todo lo posible su presencia en las provincias, si aspira a consolidarse como fuerza nacional y a pelear en los comicios presidenciales del 2015.
Por ahora, los 22 diputados y tres senadores con los que cuenta el FAP sólo pertenecen a cuatro distritos: Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba y, seguramente, para garantizar su presencia en otras provincias deberá sellar acuerdos con otras fuerzas.
Días atrás, Binner apeló a una frase ya repetida: "por ahora no, pero es posible que conversemos" y, como respuesta, Ricardo Alfonsín dijo que él es parte del grupo de radicales que desde 1983 intentó acordar con el socialismo, pero delegó en el partido cualquier decisión futura en ese sentido.
"Si se pudo en Santa Fe, ¿por qué no se podría dar un proyecto común con el radicalismo en todo el país?", se preguntó Zabalza y mencionó los acuerdos logrados entre ambas fuerzas en Entre Ríos y La Pampa.
Desde el radicalismo, sin embargo, el diputado Miguel Bazze puso en segundo plano la opción de avanzar hacia un acuerdo con Binner porque "la prioridad para la UCR es reinstalarse como alternativa de cara la sociedad".
"El radicalismo es un partido con presencia en todo el país, es una fuerza de gobierno y, como tal, su primer desafío es instalarse como alternativa frente a la sociedad", dijo Bazze a Télam.
Con todo, el legislador y mano derecha de Alfonsín aceptó "posible" un entendimiento en el futuro porque existe "un base de coincidencias importantes" entre ambas fuerzas.
Principio de acuerdo entre el gobierno boliviano y la COB
Acordaron derogar el decreto que aumenta la jornada laboral de los médicos. También hay consenso respecto a inversiones productivas y judicialización de la protesta. Convenio final, en las próximas horas.
El gobierno boliviano y la Central Obrera lograron este lunes acuerdos preliminares en varios temas como el de la salud y el respeto al fuero sindical.
Declararon una pausa para consolidar un convenio final en las próximas horas.
La reunión se inició ayer a la mañana y concluyó en la madrugada de este lunes con un principio de entendimiento, según señaló a la Agencia Boliviana de Información (ABI) el principal líder sindical, Juan Carlos Trujilllo.
Ambas partes quedaron en elaborar un decreto que deroga una disposición que repuso la jornada laboral de ocho horas en centros hospitalarios, medida que había originado el rechazo sindical.
Trujillo también anunció un acuerdo preliminar en la reactivación económica y el destino que se dará a los 1.200 millones de dólares de las reservas internacionales que, a su juicio, debe favorecer al sector productivo y minero para fortalecer la economía del país.
Se concertó además el respeto al fuero laboral y al tema de la penalización a la protesta laboral, al asegurar que la Central Obrera no aceptará ninguna imposición de los empresarios privados.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana que encabezó la delegación gubernamental, consideró que la reunión con la central sidical fue "importante y sustancial".
Quintana ratificó el acuerdo para promulgar un decreto de no aplicación de la jornada laboral de ocho horas para médicos y trabajadores de la salud, además de la convocatoria, en coordinación con la organización obrera, de una cumbre nacional que debatirá la nueva política de salud pública universal y gratuita.
El titular de la Presidencia señaló que también se consensuaron las demandas de modificación al Código Penal, en el tema de la llamada criminalización de la protesta laboral, de lo cual aseveró que el ministerio de Justicia tiene un proyecto que será presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
También consideró importante el inicio de un acuerdo, aunque todavía no cerrado, sobre los descuentos por los días no trabajados, tema en el que reveló que el Ejecutivo planteó una fórmula mixta, lo cual será analizado en una reunión ampliada de la Central Obrera, anunciada para este lunes.
El 74% de los argentinos está de acuerdo con el proyecto para la recuperación de YPF
Tres de cuatro argentinos está de acuerdo en recuperar el 51% de YPF, porque consideran que los españoles no hicieron las inversiones necesarias y el Estado debe controlar los recursos nacionales estratégicos, según un sondeo privado.
Según la encuesta, que se realizó a nivel nacional para Página/12 por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), más del 60 por ciento de los argentinos cree que, en manos del Estado, la empresa "se va a administrar bien".
"El ciudadano común tal vez no está al tanto de cifras de producción ni de remesa de ganancias ni nada por el estilo, pero todo el que tiene auto sabe las dificultades que hay con las naftas, en especial de algún tipo", explicó Roberto Bacman, sociólogo responsable de la consultora.
Asimismo, señaló que "YPF tiene que ver con la argentinidad; por lo tanto, hay una gran expectativa".
Bacman recordó que en los `90 la mayoría de los argentinos apoyó las privatizaciones de los teléfonos, de la luz, el gas, el agua y hasta los trenes, pero no de YPF ni de Aerolíneas Argentinas porque en ambas "se combina cierto nacionalismo argentino, con la idea bastante instalada de que hay cuestiones estratégicas: el petróleo, los combustibles, la línea aérea de bandera".
De este modo, "la decisión tomada por la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) produjo una mejora notoria en su imagen, recuperando los niveles de antes y después de las elecciones", afirmó.
Otros datos de la encuesta reflejan que menos de un 3 por ciento cree que YPF debe estar en manos privadas, un 23 considera que podría ser administrada por capitales privados argentinos y nada menos que el 70 piensa que la tiene que manejar el Estado.
"Es fuerte la postura proexpropiación entre los jóvenes, 80 por ciento" y respecto de las franjas socioeconómicas, "el sector ABC1, de mayor poder económico, es el que muestra mayor rechazo: 32 por ciento".
"En lo que no hay distinción es entre el área metropolitana y el interior del país: los apoyos a la decisión de CFK son prácticamente iguales", concluyó el sondeo.
