Lo dispuso el juez Bonadío porque la empresa no clausura las cabinas auxiliares. Por otra parte, la querella denunció al magistrado por aceptar al Estado como querellante.
El juez federal Claudio Bonadío le advirtió al interventor de Trenes de Buenos Aires (TBA), Raúl Barido, que a partir de hoy lo multará diariamente con 1.000 pesos si no cumple con la prohibición de que los trenes circulen con sus cabinas auxiliares bloqueadas a los pasajeros. El magistrado había prohibido la semana pasada que circulen trenes con esa tipo de cabinas, ya que en ellas se encontraba el joven Lucas Menghini Rey cuando chocó el tren en la estación de Once que provocó 51 muertos y 703 heridos.
Fuentes judiciales informaron que a pesar de la orden de Bonadío, el juzgado constató con visitas sorpresas a las estaciones de Retiro y Once que circulan trenes con las cabinas auxiliares habilitadas. "Atento al incumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal el pasado 6 de marzo del corriente año, a partir del día de la fecha se le aplicarán astreintes (multas) diarias por la suma de 1.000 pesos", le informó Bonadio a Barido en un oficio enviado hoy.
El oficio indica que la multa se aplicará "si todas las formaciones en circulación de las líneas Mitre y Sarmiento no tienen las ventanillas de las cabinas auxiliares debidamente selladas impidiendo el ingreso de persona alguna, y cerrados y clausurados todos los posibles lugares de acceso a los vagones que no se encuentren debidamente habilitados".
En otro orden, el abogado Gregorio Dalbón ratificó hoy una denuncia por presunto prevaricato, es decir fallo contrario a derecho, contra el juez Bonadío, a raíz de su intervención en la causa por el choque del tren de TBA en la estación Once. Dalbón, junto con la abogada Virginia Cassola, ratificó este mediodía su denuncia contra Bonadío ante la jueza federal María Servini de Cubría, quien interviene en la misma junto con el fiscal Carlos Stornelli, quien ahora deber dictaminar si da curso o no a la investigación.
El denunciante acusa a Bonadío a raíz de que éste aceptó como querellante al Estado Nacional en el caso, por pedido del Ministerio de Planificación, mientras que en forma simultnea la investigación podría dirigirse contra funcionarios o ex funcionarios, como lo es el ahora ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. Para Dalbón, querellante en la causa, esa decisión es contraria a Derecho ya que "el Estado Nacional, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, pudo haber omitido efectuar los controles necesarios para verificar el correcto funcionamiento de la formación férrea siniestrada".
"Mal puede reconocerse el carcter de querellante de quien puede aparecer como responsable de la comisión de los hechos investigados, por lo que la violación a la ley, consumada mediante la resolución a la que aludimos, resulta palmaria", señaló. El abogado consideró que el Estado Nacional "no puede invocar, de manera alguna, la condición de particularmente ofendido por el hecho que se conforma la investigación desplegada en las actuaciones referidas".
En ese sentido, el abogado dijo en el escrito al que accedió NA que "sólo pueden invocar el carcter de personas particularmente ofendidas los familiares directos de los fallecidos y las personas lesionadas". La decisión de aceptar como querellante al juez fue ratificada días atrs por el magistrado a raíz que rechazó un recurso de apelación contra su propia decisión que interpuso Dalbón.
