Además, defendió la gestión del Estado en materia ferroviaria y dijo que los subsidios permitían a TBA afrontar las “obligaciones a su cargo” en materia de seguridad y mantenimiento, según un escrito de 65 carillas entregado a la Justicia y al que accedió Télam.
Schiavi se declaró “ajeno” al accidente del 22 de febrero en el que murieron 51 personas, solicitó su "sobreseimiento" y se negó a responder preguntas en la declaración indagatoria convocada por el juez federal Claudio Bonadio, quien no estuvo presente en la audiencia, encabezada por un secretario.
El ex funcionario sostuvo que el maquinista Marcos Córdoba, según las pericias, “había anulado el sistema de emergencia conocido como ‘hombre muerto’ de manera indebida e imprudente y que no había frenado aún contando con los dispositivos para hacerlo”, según el escrito.
“La única hipótesis realmente cierta y verosímil, con sustento en las pruebas obrantes en la causa es la de que el conductor no pudo frenar por algún impedimento físico o psíquico en su salud, presumiblemente ajeno a su voluntad, y descartadas las fallas mecánicas, es absurdo suponer que no frenó porque no quiso hacerlo”, agregó.
En este sentido, Schiavi se preguntó sobre "la única hipótesis realmente verosímil" de la causa del accidente, y respondió "que el conductor no pudo frenar por una probable ausencia mental epiléptica", posibilidad que "para nada fue desvirtuada por la Dra. Perassolo del Cuerpo Médico Forense".
Schiavi advirtió que el conductor “no tuvo reflejos instintivos de preservación o defensa" y, según los peritos, el tren circuló “a la deriva” antes de chocar.
“Las obligaciones de seguridad y de mantenimiento del servicio ferroviario están en cabeza del concesionario TBA por lo que son su inexcusable responsabilidad”, afirmó además el ex funcionario.
También dio por probado que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte “ejercía razonable y adecuadamente” facultades de control y “aplicó cuantiosas multas” a la concesionaria.
Además entendió que “la política de subsidios operativos implementada permitía a la concesionaria dar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de seguridad y mantenimiento a su cargo, no pudiendo entonces eximirse de responsabilidad al respecto aduciendo una supuesta falta de ayuda estatal que no fue tal”.
“La infraestructura ferroviaria no tuvo ninguna incidencia en la causa del accidente”, sostuvo Schiavi, y opinó que aún con el sistema de paragolpes funcionando correctamente “y de otro modo”, “las consecuencias habrían sido igual de violentas” porque “la velocidad de impacto (a 26 kilómetros por hora cuando el límite era 12 kilómetros por hora) fue la causa determinante de la magnitud de la tragedia”.
El ex funcionario aclaró que no rehuye “su responsabilidad política” como secretario de Transporte en materia ferroviaria “ya que tuvo competencias al respecto, que cumplió cabalmente y asume totalmente la responsabilidad que por ello le incumbe”.
“Como Secretario de Transporte era el responsable de la política nacional en la materia. De la política, no de la operación del servicio, que es responsabilidad inexcusable del concesionario”, apuntó Schiavi, al destacar además que tampoco era responsable del “control” porque “la ley vigente atribuye a otras instancias administrativas”.
Schiavi arribó a las 7.20 a los tribunales federales de Retiro junto a su abogado, Claudio Lamelas, y su indagatoria comenzó dos horas más tarde, en el cuarto piso.
Familiares de 51 víctimas de la tragedia del 22 de febrero pasado colocaron pancartas con fotos y leyendas en reclamo de Justicia pero no pudieron verlo irse, ya que se retiró por una entrada lateral.
“Luego de décadas de abandono, desde el año 2003 hasta el presente, se verificó una importante actividad del Estado Nacional, mediante numerosas obras de recuperación de vías, sistemas de señalamiento, comunicaciones, sistema de seguridad, estaciones y material rodante”, argumentó además el ex funcionario.
Schiavi enumeró que en su gestión “se impulsaron tres obras, la renovación de vías de Once a Castelar, la provisión de 25 formaciones de trenes de doble piso y el proceso de colocación de Valores Representativos de Deuda por valor de 600 millones de pesos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que permitieran financiar el proyecto de soterramiento de este ramal, lo que permitió el inicio de las obras en ese sentido”.
“Soy de familia ferroviaria, hijo, nieto y sobrino de ferroviarios. Mi abuelo murió manejando una locomotora en 1925”, reseñó.
Para el viernes próximo, está citado a indagatoria el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, antecesor de Schiavi en el cargo, mientras que el dueño de TBA, Claudio Cirigliano, fue detenido anoche y se prevé que Bonadio lo indague entre hoy y mañana.
